El Gobierno promulgó la ley que instala el debate minero en Chubut

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley XVII Nº 127 que instala el debate por la explotación minera metalífera con licencia social en cada región donde pretenda realizarse esta actividad.

 El diputado del FPV, Gustavo Reyes, confirmó que el viernes al mediodía el Gobierno envió el decreto 1641 que promulga esta ley sancionada el martes en la Legislatura, a partir de un dictamen que obtuvo una mayoría en la Cámara de 15 a 12 votos. Implicó una serie de modificaciones que los legisladores realizaron a la iniciativa contra la minería que presentó la Unión de Asambleas Ciudadanas. El gobernador Martín Buzzi ratificó su acuerdo como «una salida lógica» al tratamiento dado en la Legislatura a la iniciativa popular de los antimineros, que entró en contradicción con las posiciones a favor de la minería de vecinos de la meseta, sindicatos, empresas, intendentes y jefes comunales del interior.

A partir de ahora, conforme lo establece el artículo 2º de la Ley XVII Nº 127, queda suspendida en toda la provincia cualquier actividad minera metalífera de primera categoría, en tanto que el Ejecutivo deberá promover el debate minero en todo el territorio de Chubut. A su vez, esta ley introduce que todo proyecto de explotación minera metalífera que las empresas quieran desarrollar en una determinada región o localidad, deberá contar con la aprobación de las comunidades a las que se les realizará una consulta popular vinculante, previamente al inicio de la actividad.

 De todas maneras, tal como aclaró días atrás el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, todavía no hay plazos previstos para realizar la consulta popular, porque el Gobierno implementará este mecanismo una vez que las empresas presenten los respectivos proyectos. Antes de esto -aclararon desde el Gobierno- las empresas deberán tener aprobados los estudios de impacto ambiental correspondientes.

 Vale recordar que en su artículo 1º la ley del debate minero garantiza el cumplimento de todos los principios de sustentabilidad ambiental según marca la Ley Nacional de Ambiente 25.675. También es preciso aclarar que la ley 5001 que prohibe la minería metalífera en la Provincia y el uso de cianuro en los procesos de producción, sige vigente ya que no fue alterada por la promulgación de esta nueva ley.

 POLEMICA

La sanción de la ley que introduce la licencia social como condición previa a la explotación de cualquier actividad minera-metalífera en la provincia, despertó el repudio de sectores ambientalistas que se movilizaron en Esquel y en la Legislatura en Rawson. Incluso hubo amenazas contra los diputados de la cordillera que en la Cámara inclinaron la votación del dictamen a favor de la licencia social. Integrantes de la unión de Asambleas Ciudadanas pusieron el grito en el cielo esgrimiendo que había sido modificado el espíritu de la iniciativa presentada con 13 mil firmas, la cual en su texto original prohibía la minería metalífera en la provincia.

VIOLENCIA ANTIMINERA

La Legislatura amaneció con pintadas contra diputados que votaron por consultas populares sobre la minería

En el extenso playón de ingreso y en algunas paredes exteriores se pudieron observar inscripciones con aerosol, con mensajes de «Vende Patria» junto al nombre de cada uno de estos legisladores, algunos de los cuales recibieron amenazas, según confirmaron fuentes parlamentarias. En tanto, en el interior de la Casa de las Leyes el panorama era no menos alentador.

HUBO AMENAZAS

El diputado del interbloque FPV Juan Ale y el justicialista Carlos Gómez confirmaron que hubo amenazas por parte de los ambientalistas contra legisladores de Esquel y Comodoro Rivadavia, luego de que apoyaran el debate minero. Gómez, visiblemente molesto con la actitud de los ambientalistas, salió al cruce de los dichos de los obispos y de Mario Das Neves, y anticipó que la semana que viene los petroleros se harán escuchar al respecto. 

¿PERSONAS NO GRATAS POR DEMOCRATIZAR EL DEBATE MINERO?

En el marco de la movilización el 27 los antimineros declararon «personas no gratas» al Intendente y a los diputados Elva Willhuber, Héctor Trotta, y Javier Cisneros, a pesar de que la ley votada el Martes 26 sigue sosteniendo el espiritu del proyecto de ley presentado por las asambleas antimineras, y prevee consultas populares en las localidades cercanas a los proyectos mineros.


ANTIMINEROS TOMARON CANAL 7 POR SEGUNDA VEZ

En la tarde del 25 de Noviembre mientras se trataba el proyecto de ley, un grupo de militantes antimineros irrumpió por la fuerza en las instalaciones de Canal 7, agrediendo a sus trabajadores y pretendiendo interrumpir la transmisión de la emisora estatal. La manifestación, que finalmente fue persuadida para abandonar el Canal, exhibió un importante grado de coordinación y entre sus participantes había algunos reconocidos concurrentes a diversas actividades políticas. Asimismo, se pudo detectar a algunos sujetos alcoholizados o bajo los efectos de las drogas.

POBLADORES DE LA MESETA LAMENTAN LA FALTA DE DIALOGO CON LOS SECTORES ANTIMINEROS

“Queremos fortalecer el desarrollo y tener la posibilidad de regular la minería”

Guillermo Lillo, poblador de la Meseta y vocero del grupo “Juntos por la Meseta” defendió la posibilidad de contar con la consulta popular en los pueblos donde se desarrollaría la minería. Aseguró que pretenden forma parte de los controles ambientales. Y señaló que hay sectores que no cuentan con la información necesaria sobre la actividad.

Tras la aprobación del proyecto modificado que presentaron las Asambleas Ciudadanas el martes en la Legislatura, pobladores de la Meseta celebran la posibilidad de iniciar una consulta popular acerca del inicio de la actividad minera.

Guillermo Lillo es poblador de Aldea Sepaucal, ubicada a 250 km de Trelew, y es vocero del grupo “Juntos por la Meseta”, quienes realizaron el proyecto de zonificación presentado luego por el diputado Vicente Jara.

En diálogo con Radio Del Mar defendió su postura a favor del desarrollo minero “a veces no se entiende el reclamo de otra gente que no conoce donde vivimos, creemos que es la única posibilidad de desarrollo en la zona, si bien el proyecto de minería está ubicado a 150 km de la aldea, eso beneficiaria al lugar y a cada poblador”, dijo.

Asimismo, ratificó que debe ser la Meseta quien controle para colaborar con el gobierno y las empresas. “No queremos una empresa que nos destruya, queremos que venga fortalecer el desarrollo y que también tengamos la posibilidad de regular como hacen las cosas”.

Mientras que lamentó la falta de debate son los sectores que están en contra de la explotación minera, “no se ha podido realizar, queremos debatirlo y que nos den la posibilidad de decir lo que nosotros pensamos, sentimos y vemos; queremos minería pero controlado y que los pobladores de la meseta podamos también formar parte de los controles”, puntualizó.Lillo destacó que hoy existe falta de información sobre la actividad y que muchas veces se sacan conclusiones de antemano. “Se necesita estar bien informado para explicarle a la gente. Queremos tener la posibilidad de capacitar a la gente de nuestras localidades para que se pueda regular el tema del contaminación”.

Por amenazas de antimineros a diputados no sesionó la Legislatura

Luego de una mañana caliente, la Legislatura terminó ayer suspendiendo la sesión por falta de quórum, al no presentarse en el recinto los diputados del FPV, el PJ y el interbloque, según explicaron, por el temor en algunos de sus integrantes ante las amenazas sufridas de parte de grupos antimineros enojados por la ley sancionada el pasado martes.

Precisamente a las 17,30, cuando la sesión fue oficialmente suspendida, arribó a las puertas de la Legislatura una marcha de unos 200 antimineros de Rawson que promovían la Iniciativa Popular, exigiéndo la presencia de los legisladores, y escrachando en una bandera el rostro de los 15 que votaron en contra del proyecto. Mientras la mayoría de los diputados ausentes tenía sus teléfonos celulares cerrados, sólo uno atendió a la redaccion de un Diario para explicar que según se le comunicó "varios de mis compañeros se habían retirado a sus hogares en el interior porque temían por sus familias, ya que recibieron amenazas y creían que la gente se iba a movilizar a sus domicilios".

Fuente Diario El Chubut

Antimineros otra vez tomaron Canal 7

En la tarde de ayer, un grupo de militantes antimineros irrumpió por la fuerza en las instalaciones de Canal 7, agrediendo a sus trabajadores y pretendiendo interrumpir la transmisión de la emisora estatal.

La toma fue organizada por un desprendimiento del grupo que se manifestaba en Rawson mientras la Legislatura trabaja en torno a un proyecto presentado por los ambientalistas. La manifestación, que finalmente fue persuadida para abandonar el Canal, exhibió un importante grado de coordinación y entre sus participantes había algunos reconocidos concurrentes a diversas actividades políticas. Asimismo, se pudo detectar a algunos sujetos alcoholizados o bajo los efectos de las drogas.

El de ayer no es el primer ataque que sufre la emisora pública provincial, que semanas atrás fue copada por militantes de esta misma línea, y forma parte de una seguidilla de hechos contra el patrimonio público de los chubutenses, que incluyó daños en la Legislatura y la Casa del Chubut en Buenos Aires, entre otros edificios del Estado.

Apoyo para la minería: la Legislatura modificó el proyecto de las asambleas

Con el apoyo de 15 diputados, se aprobó anoche un dictamen de la mayoría que suspende la actividad por 4 meses, obliga al Gobierno a promover el debate y establece una Consulta Popular Vinculante en los lugares donde se impulsen proyectos mineros.

Tras un fuerte y extenso debate, la Legislatura de Chubut aprobó anoche por 15 votos a favor y 12 en contra suspender por 120 días el inicio de actividades mineras en toda la provincia. Se trata de una versión modificada del proyecto de ley de Iniciativa Popular, que el Frente para la Victoria modificó en comisión. El texto original prohibía la actividad minera.

En este lapso, el Poder Ejecutivo deberá garantizar y organizar un debate sobre la minería en todo el territorio provincial. Además, previo inicio de cualquier actividad, deberá contarse con una “licencia social” que se definirá mediante consultas populares vinculantes en las regiones afectadas por los proyectos que puedan habilitarse.

Votaron por la positiva los diputados Argentina Martínez, Juan Ale, Javier Cisneros, Eduardo Daniel, Mónica Gallego, Carlos Gómez, Vicente Jara, Alejandra Johnson Táccarí, Adolfo Mariñanco, Gustavo Muñiz, Gustavo Reyes, Félix Sotomoyor, Exequiel Villagra, Elva Willhuber y Héctor Trotta.

Por la negativa, mientras tanto, lo hicieron Ana María Barroso, Myrhian Crespo, Raquel Di Perna, Jerónimo García, Roddy Ingram, José Karamarko, José Luis Lizurume, María José Llanes, Anselmo Montes, Oscar Petersen, Roberto Risso y Mirtha Romero.

A las 19, casi 6 horas más tarde de lo previsto, comenzó la sesión en el parlamento. Es que en el medio hubo mucho debate, negociación y, fundamentalmente, el conflicto por el convenio colectivo de la Asociación de Empleados Legislativos.Este problema, que retrasaba el comienzo, pudo ser subsanado finalmente, con la intervención del secretario general de la Confederación General del Trabajo del Valle, Luis Núñez.

Lo cierto es que tras varias horas de incertidumbre acerca del comienzo de la sesión, finalmente se dio inicio y con algunas sorpresas. Es que el proyecto de Iniciativa Popular entró al recinto con modificaciones de un dictamen de mayoría consensuado entre el Frente para la Victoria y el Interbloque.

En primer término propone la suspensión de cualquier tipo de minería por el lapso de 120 días. Además se pide que en ese tiempo el Gobierno de las herramientas para que se dé un debate profundo sobre el tema y que finalmente se vaya a una consulta popular en cada una de las regiones en las que busca desarrollarse la actividad.

Dentro del artículo primero también se expresa la necesidad de que toda explotación que se realice deberá ser de forma racional, respetando los recursos, los principio ambientales y no dando lugar a la contaminación.

La encargada de defender el dictamen en primer lugar fue la jefa de bancada del FPV, Argentina “Ika” Martínez, basándose en argumentos que marcaban la inconstitucionalidad del proyecto ambientalista. Este argumento despertó un importante griterío de parte de la barra antiminera y como contraparte, una ovación del lado de los mineros, grupo que contaba con una importante participación de los grupos petroleros.

Luego de los fundamentos de cada uno de los diputados, el dictamen de mayoría era lo que se aprestaba a definir en la Legislatura.

Martínez aclaró en primer lugar que las modificaciones a la Ley de Iniciativa Popular eran lícitas y sostuvo que varios de los artículos del proyecto ambientalista eran contrarios a la Constitución Provincial.

El diputado Eduardo Daniel, del Interbloque, sostuvo que “tenemos que hablarle a la gente a la cara, sin especulaciones”. Por su parte, otro de los discursos polémico fue el de Gustavo Reyes, quien planteó que la Iniciativa Popular nunca debió haber ingresado a la Legislatura ya que sostuvo que dentro de las 13.000 firmas adjuntas figuraban las rúbricas de algunos infractores al Código Electoral.

En tanto, desde Chubut Somos Todos, el titular de bancada, Jerónimo García, sostuvo la postura de aprobar la Iniciativa Popular tal como fue presentada, sin ningún tipo de modificación. “No se le puede tomar el pelo a la gente que presentó la Iniciativa Popular. Vamos a apoyar tal cual fue presentada la propuesta ambientalista”.

Desde el radicalismo, Roberto Risso se mostró a favor de que se avance con la Iniciativa Popular, ya que consideró que no están los controles para que se desarrolle la minería. El jefe de la bancada opositora dejó planteada la opción de pedir, aunque no prospere el proyecto ambientalista, un requerimiento de consulta popular, para que finalmente la gente de toda la provincia se pueda expresar.

En el Partido Justicialista, Carlos Gómez y Gustavo Muñiz apoyaron el dictamen por mayoría impulsado por el FPV para modificar la Iniciativa Popular. José Karamarko, por su parte, se mostró a favor de que se avance con el proyecto ambientalista y en contra del dictamen de mayorìa. Oscar Petersen, del Polo Social, sostuvo que acompañaba tal como estaba la Iniciativa, argumentando que no es momento para “tibios: se es frío o se es caliente”.

Otra de las incógnitas era el voto de Alejandra Marlene Jhonson Táccari, la legisladora de la Meseta, del FpV pero ahora aliada al dasnevismo, que finalmente se opuso a la Iniciativa antiminera y decidió acompañar, sin mucho entusiasmo, la propuesta del bloque del FpV.

Fuente: Diario Jornada 26/11/2014

Chubut y el Proyecto de Ley Antiminera: Había una vez un circo…

En estos días tendrá tratamiento en la Legislatura de Chubut el Proyecto de Ley denominado antiminero presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas de esa provincia. El mismo desde lo fáctico está plagado de irregularidades en su concepción, y desde el punto de vista jurídico resulta claramente inconstitucional, violando las Constituciones Provincial y Nacional, y las leyes que rigen la materia.

(Por Favio. J. Casarin*) 

 Sin embargo, todo vale en pos de armar un circo político, en la cual la indefensa y débil actividad minera que mira para otro lado resulta el blanco ideal para calmar la ira de ciudadanos hartos de denuncias de corrupción y malos gobiernos, y el trampolín para políticos en busca de notoriedad aún a costa de postergar el crecimiento industrial de la Provincia. Todos buscan resarcirse de sus frustraciones, desesperanzas a través de la minería. Pero vayamos por partes, y antes de volver al circo, trataré de desmenuzar como se gestó este Proyecto y la inconsistencia e ilegalidad jurídica del mismo.

El Proyecto surge de acuerdo a las facultades que otorga la Ley de Iniciativa Popular de Chubut (Ley XII Nro. 5 (ex Ley 4562), que en su Art. 4 dice que pueden presentarse proyectos sustentados con la firma de un 3 % como mínimo de ciudadanos que se encuentren inscriptos en el padrón electoral de las últimas elecciones generales. A su vez, el Art. 2 del mismo cuerpo legal señala que (textual): “No pueden ser objeto de Iniciativa Popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tributos en general, presupuesto y materia contravencional y procesal penal”.

Existen denuncias sobre la ilegalidad de las firmas y falta de verificación de las mismas por parte de la autoridad competente. No he podido comprobar la veracidad de tales denuncias, por lo tanto –y en honor a la verdad y en procura de la seriedad del análisis-, me concentraré en los aspectos jurídicos.

El mencionado Proyecto colisiona con normas de mayor supremacía legal tanto a nivel nacional como provincial. De entrada con el Art. 72 inc.12 de la Constitución Nacional, que determina que es el Congreso de la Nación el encargado de dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Mineria entre otros. Tanto el Código de Minería de la Nación (Ley Nacional 1919), y sus leyes subsiguientes y complementarias rigen los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales en todo el territorio de la Nación. Ninguna ley provincial puede oponerse al mismo.

También se enfrenta con el Art. 126 de la Constitución Nacional que establece que: ”Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado". Por lo tanto, las Provincias no pueden dictar normas de fondo que prohíban lo que el Código de Minería no prohíbe y viceversa, que habilite explotaciones de minerales que el Código prohíbe o restringe.

Resulta útil a esta altura, recordar que el Art. 13 del Código de Minería de la Nación establece el carácter de Utilidad Pública que reviste la exploración y explotación de minas. El concepto de Utilidad Pública se refiere a un bien o servicio que es considerado común e importante para la población, entonces el poder público se arroga la facultad de protegerlo o de proporcionarlo. Con la declaración de Utilidad Pública de la actividad minera por el Código de Minería, se quiso establecer que la exploración y explotación de minerales son para el aprovechamiento de toda la población en general, no pudiendo ningún grupo oponerse a la misma.

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, el Art. 2 del Proyecto Antiminero dice: “Prohíbase en todo el territorio de la provincia de Chubut, la actividad minera de sustancias metalíferas correspondiente a la primera categoría establecidas en el inciso a) del artículo 3 del Código de Minería con la utilización de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio…” (siguen las sustancias). Es decir, el Proyecto pretende legislar en contra del Código de Minería de la Nación, y de bienes de Utilidad Pública, facultad que se les encuentra vedada a las provincias.

Con estos argumentos, y sin ingresar en mayores consideraciones este Proyecto debió ser declarado inadmisible de entrada y archivado sin más trámite. Es clara y rotundamente anticonstitucional, como lo son todas las leyes que rigen en distintas provincias y que legislan sobre prohibiciones a la actividad minera (la misma Chubut con una ley en vigencia, Mendoza, Córdoba, San Luis, y sigue la lista…).

Pero hay más. Según el proyecto de iniciativa popular en su Art. 3 especifica: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º de la presente ley, prohíbese en todo el territorio de Chubut toda actividad minera metalífera cuyas actividades comprendidas en el inciso b) del artículo 249 del Código de Minería, o cualquier tipo de procesamiento, sean realizadas en otra provincia o en el extranjero." dentro de ese articulo alcanzaria a la empresa Aluar dado a que entre las actividades que realiza están comprendidas en el inciso b) del articulo 249 del Codigo de Mineria". También se vulnera otro Principio Constitucional que es el de la irretroactividad de la Ley. En sintonía con la violación de este Principio va el Art. 2 de dicho Proyecto –ya citado, pero que en otras de sus partes especifica-: "Los titulares de concesiones o de derechos mineros que involucren minerales metalíferos o aquellas personas que los ejerciten, deberán adecuar todos sus procesos a las previsiones del presente artículo en el término de seis (6) meses a partir de la publicación de la misma, bajo pena de caducidad de la concesión minera." Y como si no bastara, se mete también con otro tipo de sustancias que son competencia del Código de Minería en el Arti. 4 del Proyecto que dice "Prohíbase, en todo el territorio de la Provincia de Chubut, la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas las que deberán proceder al cierre y a la inmediata aplicación de las acciones de remediación, recomposición y restitución necesarios."

Por las dudas que a los chubutenses en su cruzada contra la minería que pretende arruinarles su saludable y próspera vida, pretendan independizarse de la Nación con alguna otra iniciativa popular, el Proyecto también vulnera la Carta Magna Provincial. En efecto, el Art. 102 de la Constitucion Provincial de Chubut establece que “El Estado promueve la exploración y aprovechamiento de los recursos minerales, incluidos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y minerales nucleares, existentes en su territorio, ejerciendo su fiscalización y percibiendo el canon y regalías correspondientes. Promueve, asimismo, la industrialización en su lugar de origen”. De paso también también vulnera el Art. 17 de la misma Constitución que reza: ’En ningún caso el Gobierno de la Provincia puede suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las garantías y derechos establecidos en ambas".

También, el Art. 5 del mencionado Proyecto, legisla contra el avance y la investigación científica, ya que prohíbe también “el cateo, la prospección y la exploración de sustancias minerales”. Es decir, en Chubut no solo se prohíbe la minería, ahora también se meten con las incumbencias de la actividad geológica y obligación de los estados provinciales de conocer sus recursos. En el fondo, es congruente: mejor no conocer, ni invertir ni gastar recursos, si total más tarde los vamos a prohibir.

Y hay más, mucho más para decir sobre la ilegalidad flagrante de este Proyecto. Que por otro lado son conocidas por los que lo promovieron, por los que lo aceptaron y por los que lo van a votar, sea a favor o en contra. Pero, más allá de lo jurídico, son necesarias otras consideraciones que no es posible soslayar. Un grupo de legisladores tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de una provincia y de varias generaciones de chubutenses que sufrirán las consecuencias –para el caso de que se convierta en Ley este Proyecto- de permanecer en una provincia que ha sido bendecida con recursos naturales como son los hidrocarburíferos y mineros, y que se niega al progreso y al aprovechamiento de los mismos.

Una Provincia que con esta riqueza que en lugar de aprovecharla, ponerse a trabajar e industrializarse, eligió el circo. Eligió el circo, tomando como sustento este verdadero mamarracho jurídico, que a esta altura constituye un papelón nacional e internacional. Más allá de que se apruebe o se rechace, es un papelón el sólo hecho de que se esté tratando y debatiendo sobre un tema con contenidos absolutamente antijurídicos y sin sustento racional ni científico.

De alguna manera, los mismos que trabajamos en esta actividad, somos también responsables, y cómplices por omisión. Lo somos porque venimos jugando al gato y al ratón. Poseedores de la legislación que ampara la actividad, de la tecnología que permite una explotación de los recursos de manera sustentable, y de los profesionales y técnicos capacitados, por ahora no somos capaces de hacernos entender y de utilizar una comunicación profesional y sin ambigüedades. Como ya manifesté en otro artículo de reciente publicación, hemos caído nosotros mismos en la trampa utilizando y tergiversando conceptos como minería o megaminería; subterránea o a cielo abierto; con o sin utilización de cianuro. Todo por la mezquindad de conseguir que nuestro propio proyecto continúe sin interesarme los demás. Que cada unos se las arregle solo y como pueda, terminará con que ninguno se las podrá arreglar. Es un principio elemental que la minería aún no termina de comprender.

Desde lo político, se observa el mismo desdén. En un Seminario de Minerales Metalíferos hace unos días, se sigue hablando de éxitos mineros –que los hubo por cierto-, mientras en un tercio de las provincias está prohibida la minería. Se habla de la producción de áridos y de ladrillos –que son importantes, a no dudarlo-, pero no se habla de este Proyecto de ley anitiminero, ni de la reciente prohibición al proyecto Hierro Indio en Mendoza, ni de la defensa organizada de la actividad. Se crean Mesas de proveedores –que son útiles claro está-, pero no se crean Mesas de divulgación y de defensa de los proyectos mineros. Existen organizaciones de tipo federal que se crearon con la finalidad de sustentar y promover la minería, y no se han pronunciado sobre estos verdaderos atentados contra la actividad.

Para terminar, vuelvo al comienzo, y seguramente Usted ya entenderá. Las fieras siempre estarán hambrientas, y si encima nosotros mismos les damos de comer, la fiesta está servida. Y para que la fiesta sea completa, es necesario armar un circo. No se podía esperar otra cosa. “Había una vez un circo”, es la alegre y recordada canción de los payasos Gaby, Fofó y Miliki. Aquel circo y aquellos payasos, nos hacían reir. Los payasos y el circo de hoy, nos hacen llorar.


*Presidente de la Asociación de Profesionales de las Industrias del Petróleo y de la Minería de Argentina (APPMA)

Fuente: http://www.miningpress.com.ar/