El juez Marcelo Sobral, del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Esquel, rechazó el amparo que pedía nulidad de la sesión del 25 de noviembre donde se aprobó la norma que establece la zonificación minera en la provincia.
El juez resolvió rechazar “in límine” la acción de amparo promovida por Nora Corvalán. Fundó su admisibilidad al indicar que la petición “básicamente no impugna ni cuestiona sus aspectos sustanciales o a su contenido normativo, sino que impugna la regularidad en el procedimiento seguido para su sanción, o sea que lo que se impugna es el acto legislativo mismo, pese a que luego y de manera subsidiaria se cuestiona la constitucionalidad del texto legal sancionado y promulgado”.
El juez puntualiza que en la organización constitucional provincial, la Legislatura es la que tiene la atribución de dictar las leyes conforme al procedimiento establecido por la carta magna provincial, y también quien tiene la potestad de establecer e interpretar los reglamentos y procedimientos a tal efecto, siendo claro que el ejercicio de dichas facultades en principio está exento de control judicial.
Indicó que además si bien los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma en un caso concreto y cuando su aplicación implique la violación o afectación de un derecho o garantía constitucional, “muy distinta es la declaración de nulidad de una norma por la existencia de posibles vicios o irregularidades verificados en su proceso de formación y sanción, lo que, como afirmé, entiendo sólo es posible en situaciones de suma gravedad y cuando se verifique de manera palmaria y manifiesta la violación de la normativa constitucional referida al proceso de formación y sanción de la ley”.
PLANTEO DE NULIDAD
Sobre la violación del reglamento de parte de los legisladores y la modificación del orden del día, el juez indicó que de la confrontación de lo expresado en el escrito inicial con el texto constitucional, “no advierto la violación de las pautas y prohibiciones constitucionales de forma palmaria y evidente, que permitan evaluar la posible nulidad de la sesión y de la normativa impugnada en un abreviado proceso de amparo”.
Sobral argumentó que el artículo 263 de la Constitución no prohíbe de manera expresa que, al momento de su tratamiento, sea modificado un proyecto de ley presentado por iniciativa popular, como así tampoco la norma constitucional referida no establece que si ello acontece la norma que finalmente se sancione debe ser considerada nula.
Por otra parte, agregó que “hasta tanto no se sustancie un proceso de conocimiento que garantice amplitud de debate y prueba, no puede afirmarse que la norma finalmente sancionada no fue consecuencia de la modificación del proyecto presentado como iniciativa popular y que en realidad se trató de un nuevo proyecto que fue aprobado sobre tablas en violación de lo establecido en el artículo 136 segundo párrafo de la Constitución Provincial, como afirma la actora”.
“Como así tampoco, puede tenerse por acreditado que la reunión de comisión que elaboró el dictamen aprobado no haya cumplido con el requisito de publicidad previsto en el artículo 139 de la Constitución Provincial, ello cuanto menos hasta que se produzca prueba al respecto”, indicó el juez de Esquel.
OTRA DENUNCIA
La denunciante, integrante de la Unión de Asambleas Ciudadanas, adelantó que apelaría la decisión del juez Sobral. La organización espera novedades también de la denuncia penal presentada contra el diputado del Frente para la Victoria, Gustavo Muñiz, quien fue fotografiado cuando intercambiaba mensajes durante la sesión legislativa con un gerente de una compañía minera para que se determine si hubo “cohecho y tráfico de influencias”.
Esa denuncia se extiende también a otros catorce diputados provinciales por presuntas dádivas a cambio de aprobar con modificaciones un proyecto de ley minera que había surgido de una iniciativa popular.
Fuente: El Patagonico
