El Gobierno promulgó la ley que instala el debate minero en Chubut

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley XVII Nº 127 que instala el debate por la explotación minera metalífera con licencia social en cada región donde pretenda realizarse esta actividad.

 El diputado del FPV, Gustavo Reyes, confirmó que el viernes al mediodía el Gobierno envió el decreto 1641 que promulga esta ley sancionada el martes en la Legislatura, a partir de un dictamen que obtuvo una mayoría en la Cámara de 15 a 12 votos. Implicó una serie de modificaciones que los legisladores realizaron a la iniciativa contra la minería que presentó la Unión de Asambleas Ciudadanas. El gobernador Martín Buzzi ratificó su acuerdo como «una salida lógica» al tratamiento dado en la Legislatura a la iniciativa popular de los antimineros, que entró en contradicción con las posiciones a favor de la minería de vecinos de la meseta, sindicatos, empresas, intendentes y jefes comunales del interior.

A partir de ahora, conforme lo establece el artículo 2º de la Ley XVII Nº 127, queda suspendida en toda la provincia cualquier actividad minera metalífera de primera categoría, en tanto que el Ejecutivo deberá promover el debate minero en todo el territorio de Chubut. A su vez, esta ley introduce que todo proyecto de explotación minera metalífera que las empresas quieran desarrollar en una determinada región o localidad, deberá contar con la aprobación de las comunidades a las que se les realizará una consulta popular vinculante, previamente al inicio de la actividad.

 De todas maneras, tal como aclaró días atrás el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, todavía no hay plazos previstos para realizar la consulta popular, porque el Gobierno implementará este mecanismo una vez que las empresas presenten los respectivos proyectos. Antes de esto -aclararon desde el Gobierno- las empresas deberán tener aprobados los estudios de impacto ambiental correspondientes.

 Vale recordar que en su artículo 1º la ley del debate minero garantiza el cumplimento de todos los principios de sustentabilidad ambiental según marca la Ley Nacional de Ambiente 25.675. También es preciso aclarar que la ley 5001 que prohibe la minería metalífera en la Provincia y el uso de cianuro en los procesos de producción, sige vigente ya que no fue alterada por la promulgación de esta nueva ley.

 POLEMICA

La sanción de la ley que introduce la licencia social como condición previa a la explotación de cualquier actividad minera-metalífera en la provincia, despertó el repudio de sectores ambientalistas que se movilizaron en Esquel y en la Legislatura en Rawson. Incluso hubo amenazas contra los diputados de la cordillera que en la Cámara inclinaron la votación del dictamen a favor de la licencia social. Integrantes de la unión de Asambleas Ciudadanas pusieron el grito en el cielo esgrimiendo que había sido modificado el espíritu de la iniciativa presentada con 13 mil firmas, la cual en su texto original prohibía la minería metalífera en la provincia.

VIOLENCIA ANTIMINERA

La Legislatura amaneció con pintadas contra diputados que votaron por consultas populares sobre la minería

En el extenso playón de ingreso y en algunas paredes exteriores se pudieron observar inscripciones con aerosol, con mensajes de «Vende Patria» junto al nombre de cada uno de estos legisladores, algunos de los cuales recibieron amenazas, según confirmaron fuentes parlamentarias. En tanto, en el interior de la Casa de las Leyes el panorama era no menos alentador.

HUBO AMENAZAS

El diputado del interbloque FPV Juan Ale y el justicialista Carlos Gómez confirmaron que hubo amenazas por parte de los ambientalistas contra legisladores de Esquel y Comodoro Rivadavia, luego de que apoyaran el debate minero. Gómez, visiblemente molesto con la actitud de los ambientalistas, salió al cruce de los dichos de los obispos y de Mario Das Neves, y anticipó que la semana que viene los petroleros se harán escuchar al respecto. 

¿PERSONAS NO GRATAS POR DEMOCRATIZAR EL DEBATE MINERO?

En el marco de la movilización el 27 los antimineros declararon «personas no gratas» al Intendente y a los diputados Elva Willhuber, Héctor Trotta, y Javier Cisneros, a pesar de que la ley votada el Martes 26 sigue sosteniendo el espiritu del proyecto de ley presentado por las asambleas antimineras, y prevee consultas populares en las localidades cercanas a los proyectos mineros.


ANTIMINEROS TOMARON CANAL 7 POR SEGUNDA VEZ

En la tarde del 25 de Noviembre mientras se trataba el proyecto de ley, un grupo de militantes antimineros irrumpió por la fuerza en las instalaciones de Canal 7, agrediendo a sus trabajadores y pretendiendo interrumpir la transmisión de la emisora estatal. La manifestación, que finalmente fue persuadida para abandonar el Canal, exhibió un importante grado de coordinación y entre sus participantes había algunos reconocidos concurrentes a diversas actividades políticas. Asimismo, se pudo detectar a algunos sujetos alcoholizados o bajo los efectos de las drogas.

POBLADORES DE LA MESETA LAMENTAN LA FALTA DE DIALOGO CON LOS SECTORES ANTIMINEROS

“Queremos fortalecer el desarrollo y tener la posibilidad de regular la minería”

Guillermo Lillo, poblador de la Meseta y vocero del grupo “Juntos por la Meseta” defendió la posibilidad de contar con la consulta popular en los pueblos donde se desarrollaría la minería. Aseguró que pretenden forma parte de los controles ambientales. Y señaló que hay sectores que no cuentan con la información necesaria sobre la actividad.

Tras la aprobación del proyecto modificado que presentaron las Asambleas Ciudadanas el martes en la Legislatura, pobladores de la Meseta celebran la posibilidad de iniciar una consulta popular acerca del inicio de la actividad minera.

Guillermo Lillo es poblador de Aldea Sepaucal, ubicada a 250 km de Trelew, y es vocero del grupo “Juntos por la Meseta”, quienes realizaron el proyecto de zonificación presentado luego por el diputado Vicente Jara.

En diálogo con Radio Del Mar defendió su postura a favor del desarrollo minero “a veces no se entiende el reclamo de otra gente que no conoce donde vivimos, creemos que es la única posibilidad de desarrollo en la zona, si bien el proyecto de minería está ubicado a 150 km de la aldea, eso beneficiaria al lugar y a cada poblador”, dijo.

Asimismo, ratificó que debe ser la Meseta quien controle para colaborar con el gobierno y las empresas. “No queremos una empresa que nos destruya, queremos que venga fortalecer el desarrollo y que también tengamos la posibilidad de regular como hacen las cosas”.

Mientras que lamentó la falta de debate son los sectores que están en contra de la explotación minera, “no se ha podido realizar, queremos debatirlo y que nos den la posibilidad de decir lo que nosotros pensamos, sentimos y vemos; queremos minería pero controlado y que los pobladores de la meseta podamos también formar parte de los controles”, puntualizó.Lillo destacó que hoy existe falta de información sobre la actividad y que muchas veces se sacan conclusiones de antemano. “Se necesita estar bien informado para explicarle a la gente. Queremos tener la posibilidad de capacitar a la gente de nuestras localidades para que se pueda regular el tema del contaminación”.

Por amenazas de antimineros a diputados no sesionó la Legislatura

Luego de una mañana caliente, la Legislatura terminó ayer suspendiendo la sesión por falta de quórum, al no presentarse en el recinto los diputados del FPV, el PJ y el interbloque, según explicaron, por el temor en algunos de sus integrantes ante las amenazas sufridas de parte de grupos antimineros enojados por la ley sancionada el pasado martes.

Precisamente a las 17,30, cuando la sesión fue oficialmente suspendida, arribó a las puertas de la Legislatura una marcha de unos 200 antimineros de Rawson que promovían la Iniciativa Popular, exigiéndo la presencia de los legisladores, y escrachando en una bandera el rostro de los 15 que votaron en contra del proyecto. Mientras la mayoría de los diputados ausentes tenía sus teléfonos celulares cerrados, sólo uno atendió a la redaccion de un Diario para explicar que según se le comunicó "varios de mis compañeros se habían retirado a sus hogares en el interior porque temían por sus familias, ya que recibieron amenazas y creían que la gente se iba a movilizar a sus domicilios".

Fuente Diario El Chubut

Antimineros otra vez tomaron Canal 7

En la tarde de ayer, un grupo de militantes antimineros irrumpió por la fuerza en las instalaciones de Canal 7, agrediendo a sus trabajadores y pretendiendo interrumpir la transmisión de la emisora estatal.

La toma fue organizada por un desprendimiento del grupo que se manifestaba en Rawson mientras la Legislatura trabaja en torno a un proyecto presentado por los ambientalistas. La manifestación, que finalmente fue persuadida para abandonar el Canal, exhibió un importante grado de coordinación y entre sus participantes había algunos reconocidos concurrentes a diversas actividades políticas. Asimismo, se pudo detectar a algunos sujetos alcoholizados o bajo los efectos de las drogas.

El de ayer no es el primer ataque que sufre la emisora pública provincial, que semanas atrás fue copada por militantes de esta misma línea, y forma parte de una seguidilla de hechos contra el patrimonio público de los chubutenses, que incluyó daños en la Legislatura y la Casa del Chubut en Buenos Aires, entre otros edificios del Estado.

Apoyo para la minería: la Legislatura modificó el proyecto de las asambleas

Con el apoyo de 15 diputados, se aprobó anoche un dictamen de la mayoría que suspende la actividad por 4 meses, obliga al Gobierno a promover el debate y establece una Consulta Popular Vinculante en los lugares donde se impulsen proyectos mineros.

Tras un fuerte y extenso debate, la Legislatura de Chubut aprobó anoche por 15 votos a favor y 12 en contra suspender por 120 días el inicio de actividades mineras en toda la provincia. Se trata de una versión modificada del proyecto de ley de Iniciativa Popular, que el Frente para la Victoria modificó en comisión. El texto original prohibía la actividad minera.

En este lapso, el Poder Ejecutivo deberá garantizar y organizar un debate sobre la minería en todo el territorio provincial. Además, previo inicio de cualquier actividad, deberá contarse con una “licencia social” que se definirá mediante consultas populares vinculantes en las regiones afectadas por los proyectos que puedan habilitarse.

Votaron por la positiva los diputados Argentina Martínez, Juan Ale, Javier Cisneros, Eduardo Daniel, Mónica Gallego, Carlos Gómez, Vicente Jara, Alejandra Johnson Táccarí, Adolfo Mariñanco, Gustavo Muñiz, Gustavo Reyes, Félix Sotomoyor, Exequiel Villagra, Elva Willhuber y Héctor Trotta.

Por la negativa, mientras tanto, lo hicieron Ana María Barroso, Myrhian Crespo, Raquel Di Perna, Jerónimo García, Roddy Ingram, José Karamarko, José Luis Lizurume, María José Llanes, Anselmo Montes, Oscar Petersen, Roberto Risso y Mirtha Romero.

A las 19, casi 6 horas más tarde de lo previsto, comenzó la sesión en el parlamento. Es que en el medio hubo mucho debate, negociación y, fundamentalmente, el conflicto por el convenio colectivo de la Asociación de Empleados Legislativos.Este problema, que retrasaba el comienzo, pudo ser subsanado finalmente, con la intervención del secretario general de la Confederación General del Trabajo del Valle, Luis Núñez.

Lo cierto es que tras varias horas de incertidumbre acerca del comienzo de la sesión, finalmente se dio inicio y con algunas sorpresas. Es que el proyecto de Iniciativa Popular entró al recinto con modificaciones de un dictamen de mayoría consensuado entre el Frente para la Victoria y el Interbloque.

En primer término propone la suspensión de cualquier tipo de minería por el lapso de 120 días. Además se pide que en ese tiempo el Gobierno de las herramientas para que se dé un debate profundo sobre el tema y que finalmente se vaya a una consulta popular en cada una de las regiones en las que busca desarrollarse la actividad.

Dentro del artículo primero también se expresa la necesidad de que toda explotación que se realice deberá ser de forma racional, respetando los recursos, los principio ambientales y no dando lugar a la contaminación.

La encargada de defender el dictamen en primer lugar fue la jefa de bancada del FPV, Argentina “Ika” Martínez, basándose en argumentos que marcaban la inconstitucionalidad del proyecto ambientalista. Este argumento despertó un importante griterío de parte de la barra antiminera y como contraparte, una ovación del lado de los mineros, grupo que contaba con una importante participación de los grupos petroleros.

Luego de los fundamentos de cada uno de los diputados, el dictamen de mayoría era lo que se aprestaba a definir en la Legislatura.

Martínez aclaró en primer lugar que las modificaciones a la Ley de Iniciativa Popular eran lícitas y sostuvo que varios de los artículos del proyecto ambientalista eran contrarios a la Constitución Provincial.

El diputado Eduardo Daniel, del Interbloque, sostuvo que “tenemos que hablarle a la gente a la cara, sin especulaciones”. Por su parte, otro de los discursos polémico fue el de Gustavo Reyes, quien planteó que la Iniciativa Popular nunca debió haber ingresado a la Legislatura ya que sostuvo que dentro de las 13.000 firmas adjuntas figuraban las rúbricas de algunos infractores al Código Electoral.

En tanto, desde Chubut Somos Todos, el titular de bancada, Jerónimo García, sostuvo la postura de aprobar la Iniciativa Popular tal como fue presentada, sin ningún tipo de modificación. “No se le puede tomar el pelo a la gente que presentó la Iniciativa Popular. Vamos a apoyar tal cual fue presentada la propuesta ambientalista”.

Desde el radicalismo, Roberto Risso se mostró a favor de que se avance con la Iniciativa Popular, ya que consideró que no están los controles para que se desarrolle la minería. El jefe de la bancada opositora dejó planteada la opción de pedir, aunque no prospere el proyecto ambientalista, un requerimiento de consulta popular, para que finalmente la gente de toda la provincia se pueda expresar.

En el Partido Justicialista, Carlos Gómez y Gustavo Muñiz apoyaron el dictamen por mayoría impulsado por el FPV para modificar la Iniciativa Popular. José Karamarko, por su parte, se mostró a favor de que se avance con el proyecto ambientalista y en contra del dictamen de mayorìa. Oscar Petersen, del Polo Social, sostuvo que acompañaba tal como estaba la Iniciativa, argumentando que no es momento para “tibios: se es frío o se es caliente”.

Otra de las incógnitas era el voto de Alejandra Marlene Jhonson Táccari, la legisladora de la Meseta, del FpV pero ahora aliada al dasnevismo, que finalmente se opuso a la Iniciativa antiminera y decidió acompañar, sin mucho entusiasmo, la propuesta del bloque del FpV.

Fuente: Diario Jornada 26/11/2014

Chubut y el Proyecto de Ley Antiminera: Había una vez un circo…

En estos días tendrá tratamiento en la Legislatura de Chubut el Proyecto de Ley denominado antiminero presentado por la Unión de Asambleas Ciudadanas de esa provincia. El mismo desde lo fáctico está plagado de irregularidades en su concepción, y desde el punto de vista jurídico resulta claramente inconstitucional, violando las Constituciones Provincial y Nacional, y las leyes que rigen la materia.

(Por Favio. J. Casarin*) 

 Sin embargo, todo vale en pos de armar un circo político, en la cual la indefensa y débil actividad minera que mira para otro lado resulta el blanco ideal para calmar la ira de ciudadanos hartos de denuncias de corrupción y malos gobiernos, y el trampolín para políticos en busca de notoriedad aún a costa de postergar el crecimiento industrial de la Provincia. Todos buscan resarcirse de sus frustraciones, desesperanzas a través de la minería. Pero vayamos por partes, y antes de volver al circo, trataré de desmenuzar como se gestó este Proyecto y la inconsistencia e ilegalidad jurídica del mismo.

El Proyecto surge de acuerdo a las facultades que otorga la Ley de Iniciativa Popular de Chubut (Ley XII Nro. 5 (ex Ley 4562), que en su Art. 4 dice que pueden presentarse proyectos sustentados con la firma de un 3 % como mínimo de ciudadanos que se encuentren inscriptos en el padrón electoral de las últimas elecciones generales. A su vez, el Art. 2 del mismo cuerpo legal señala que (textual): “No pueden ser objeto de Iniciativa Popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tributos en general, presupuesto y materia contravencional y procesal penal”.

Existen denuncias sobre la ilegalidad de las firmas y falta de verificación de las mismas por parte de la autoridad competente. No he podido comprobar la veracidad de tales denuncias, por lo tanto –y en honor a la verdad y en procura de la seriedad del análisis-, me concentraré en los aspectos jurídicos.

El mencionado Proyecto colisiona con normas de mayor supremacía legal tanto a nivel nacional como provincial. De entrada con el Art. 72 inc.12 de la Constitución Nacional, que determina que es el Congreso de la Nación el encargado de dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Mineria entre otros. Tanto el Código de Minería de la Nación (Ley Nacional 1919), y sus leyes subsiguientes y complementarias rigen los derechos, obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales en todo el territorio de la Nación. Ninguna ley provincial puede oponerse al mismo.

También se enfrenta con el Art. 126 de la Constitución Nacional que establece que: ”Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado". Por lo tanto, las Provincias no pueden dictar normas de fondo que prohíban lo que el Código de Minería no prohíbe y viceversa, que habilite explotaciones de minerales que el Código prohíbe o restringe.

Resulta útil a esta altura, recordar que el Art. 13 del Código de Minería de la Nación establece el carácter de Utilidad Pública que reviste la exploración y explotación de minas. El concepto de Utilidad Pública se refiere a un bien o servicio que es considerado común e importante para la población, entonces el poder público se arroga la facultad de protegerlo o de proporcionarlo. Con la declaración de Utilidad Pública de la actividad minera por el Código de Minería, se quiso establecer que la exploración y explotación de minerales son para el aprovechamiento de toda la población en general, no pudiendo ningún grupo oponerse a la misma.

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, el Art. 2 del Proyecto Antiminero dice: “Prohíbase en todo el territorio de la provincia de Chubut, la actividad minera de sustancias metalíferas correspondiente a la primera categoría establecidas en el inciso a) del artículo 3 del Código de Minería con la utilización de cianuro, cianuro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio…” (siguen las sustancias). Es decir, el Proyecto pretende legislar en contra del Código de Minería de la Nación, y de bienes de Utilidad Pública, facultad que se les encuentra vedada a las provincias.

Con estos argumentos, y sin ingresar en mayores consideraciones este Proyecto debió ser declarado inadmisible de entrada y archivado sin más trámite. Es clara y rotundamente anticonstitucional, como lo son todas las leyes que rigen en distintas provincias y que legislan sobre prohibiciones a la actividad minera (la misma Chubut con una ley en vigencia, Mendoza, Córdoba, San Luis, y sigue la lista…).

Pero hay más. Según el proyecto de iniciativa popular en su Art. 3 especifica: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º de la presente ley, prohíbese en todo el territorio de Chubut toda actividad minera metalífera cuyas actividades comprendidas en el inciso b) del artículo 249 del Código de Minería, o cualquier tipo de procesamiento, sean realizadas en otra provincia o en el extranjero." dentro de ese articulo alcanzaria a la empresa Aluar dado a que entre las actividades que realiza están comprendidas en el inciso b) del articulo 249 del Codigo de Mineria". También se vulnera otro Principio Constitucional que es el de la irretroactividad de la Ley. En sintonía con la violación de este Principio va el Art. 2 de dicho Proyecto –ya citado, pero que en otras de sus partes especifica-: "Los titulares de concesiones o de derechos mineros que involucren minerales metalíferos o aquellas personas que los ejerciten, deberán adecuar todos sus procesos a las previsiones del presente artículo en el término de seis (6) meses a partir de la publicación de la misma, bajo pena de caducidad de la concesión minera." Y como si no bastara, se mete también con otro tipo de sustancias que son competencia del Código de Minería en el Arti. 4 del Proyecto que dice "Prohíbase, en todo el territorio de la Provincia de Chubut, la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas las que deberán proceder al cierre y a la inmediata aplicación de las acciones de remediación, recomposición y restitución necesarios."

Por las dudas que a los chubutenses en su cruzada contra la minería que pretende arruinarles su saludable y próspera vida, pretendan independizarse de la Nación con alguna otra iniciativa popular, el Proyecto también vulnera la Carta Magna Provincial. En efecto, el Art. 102 de la Constitucion Provincial de Chubut establece que “El Estado promueve la exploración y aprovechamiento de los recursos minerales, incluidos los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos y minerales nucleares, existentes en su territorio, ejerciendo su fiscalización y percibiendo el canon y regalías correspondientes. Promueve, asimismo, la industrialización en su lugar de origen”. De paso también también vulnera el Art. 17 de la misma Constitución que reza: ’En ningún caso el Gobierno de la Provincia puede suspender la observancia de esta Constitución, ni la de la Nación, ni la vigencia efectiva de las garantías y derechos establecidos en ambas".

También, el Art. 5 del mencionado Proyecto, legisla contra el avance y la investigación científica, ya que prohíbe también “el cateo, la prospección y la exploración de sustancias minerales”. Es decir, en Chubut no solo se prohíbe la minería, ahora también se meten con las incumbencias de la actividad geológica y obligación de los estados provinciales de conocer sus recursos. En el fondo, es congruente: mejor no conocer, ni invertir ni gastar recursos, si total más tarde los vamos a prohibir.

Y hay más, mucho más para decir sobre la ilegalidad flagrante de este Proyecto. Que por otro lado son conocidas por los que lo promovieron, por los que lo aceptaron y por los que lo van a votar, sea a favor o en contra. Pero, más allá de lo jurídico, son necesarias otras consideraciones que no es posible soslayar. Un grupo de legisladores tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de una provincia y de varias generaciones de chubutenses que sufrirán las consecuencias –para el caso de que se convierta en Ley este Proyecto- de permanecer en una provincia que ha sido bendecida con recursos naturales como son los hidrocarburíferos y mineros, y que se niega al progreso y al aprovechamiento de los mismos.

Una Provincia que con esta riqueza que en lugar de aprovecharla, ponerse a trabajar e industrializarse, eligió el circo. Eligió el circo, tomando como sustento este verdadero mamarracho jurídico, que a esta altura constituye un papelón nacional e internacional. Más allá de que se apruebe o se rechace, es un papelón el sólo hecho de que se esté tratando y debatiendo sobre un tema con contenidos absolutamente antijurídicos y sin sustento racional ni científico.

De alguna manera, los mismos que trabajamos en esta actividad, somos también responsables, y cómplices por omisión. Lo somos porque venimos jugando al gato y al ratón. Poseedores de la legislación que ampara la actividad, de la tecnología que permite una explotación de los recursos de manera sustentable, y de los profesionales y técnicos capacitados, por ahora no somos capaces de hacernos entender y de utilizar una comunicación profesional y sin ambigüedades. Como ya manifesté en otro artículo de reciente publicación, hemos caído nosotros mismos en la trampa utilizando y tergiversando conceptos como minería o megaminería; subterránea o a cielo abierto; con o sin utilización de cianuro. Todo por la mezquindad de conseguir que nuestro propio proyecto continúe sin interesarme los demás. Que cada unos se las arregle solo y como pueda, terminará con que ninguno se las podrá arreglar. Es un principio elemental que la minería aún no termina de comprender.

Desde lo político, se observa el mismo desdén. En un Seminario de Minerales Metalíferos hace unos días, se sigue hablando de éxitos mineros –que los hubo por cierto-, mientras en un tercio de las provincias está prohibida la minería. Se habla de la producción de áridos y de ladrillos –que son importantes, a no dudarlo-, pero no se habla de este Proyecto de ley anitiminero, ni de la reciente prohibición al proyecto Hierro Indio en Mendoza, ni de la defensa organizada de la actividad. Se crean Mesas de proveedores –que son útiles claro está-, pero no se crean Mesas de divulgación y de defensa de los proyectos mineros. Existen organizaciones de tipo federal que se crearon con la finalidad de sustentar y promover la minería, y no se han pronunciado sobre estos verdaderos atentados contra la actividad.

Para terminar, vuelvo al comienzo, y seguramente Usted ya entenderá. Las fieras siempre estarán hambrientas, y si encima nosotros mismos les damos de comer, la fiesta está servida. Y para que la fiesta sea completa, es necesario armar un circo. No se podía esperar otra cosa. “Había una vez un circo”, es la alegre y recordada canción de los payasos Gaby, Fofó y Miliki. Aquel circo y aquellos payasos, nos hacían reir. Los payasos y el circo de hoy, nos hacen llorar.


*Presidente de la Asociación de Profesionales de las Industrias del Petróleo y de la Minería de Argentina (APPMA)

Fuente: http://www.miningpress.com.ar/

Petrominera reflota la idea de un Marco Regulatorio Minero

El presidente de Petrominera, Oscar Cretini dijo que el Directorio de la empresa provincial espera el resultado del proyecto de Iniciativa Popular de acuerdo a lo que voten los legisladores pero que ellos viene desarrollando todas las actividades dentro de lo que la legalidad les permite y que lo mejor sería contar con un Marco Regulatorio Minero como es el petrolero que le ha permitido a la provincia dar un salto exponencial en materia de hidrocarburos.

“En el desarrollo minero nuestros pasos son de exploración y en otros, como la explotación de piel de tigre en Paso de Sapo donde se extrae la caliza se lleva dentro de un marco de legalidad y seguiremos trabajando en esa línea”, indicó.

Para Cretini se debe apuntar a un marco regulatorio como es el petrolero, “nuestra actitud dentro del directorio es esperar como se van desarrollando las acciones y en función de cada marco legal actuamos en consecuencia, la prueba fue el marco regulatorio petrolero y que una vez establecido salimos al ruedo de forma activa en consonancia a las política que impartió Martin Buzzi para el sector de hidrocarburos”.

Dijo a El Diario de Madryn que han logrado recuperar Petrominera como empresa, lo que significa haberla profesionalizado en un tiempo record y que en estos tres años le han devuelto a un rol participativo dentro del negocio petrolero que les permite tener un proceso de capitalización de empresa y proyectarla a incrementar la actividad de negocios dentro de la actividad petrolera, mejorando la performance y haciendo que la provincia esté presente en cada una de las etapas que esta actividad viene desarrollando en la cuenca del golfo

ESPECIALISTAS EN URANIO Y ENERGIA NUCLEAR...PARA QUÉ?

Por Favio Casarin presidente de la Asociacion de Profesionales de la Industria del Petroleo y la Mineria Argentina. (APPMA)

Foto tomada hace unos días en el Seminario de Minerales Metalíferos.

Hablando el Dr. Rubén Calabrese, Gerente General de la CNEA y Miembro del Consejo Director del Organismo Internacional de Energía Atómica. Sentados: Dr. Guillermo Re Kuhl, Miembro de la Cámara Argentina de Empresarios de Uranio; Geól. Luis López, Jefe de Proyectos de la CNEA y asesor de la ONU; Ing. Javier Ferreyra, Jefe de Gestión de Nucleoeléctrica Argentina y Dr. Hugo Bastías, Vicepresidente Ejecutivo de U308 CORP y Presidente de la Cámara Argentina de Empresarios de Uranio.

Un verdadero Dream Team de la Energía Nuclear, que cualquier país del mundo quisiera tener. Formados en Universidades de la Argentina, y que han dedicado su vida al conocimiento y desarrollo de la energía nuclear, a punto de ser desperdiciados, si se aprueba el demencial proyecto de ley en Chubut (la provincia con mayores reservas de uranio) que prohibirá la exploración y explotación. Desde 1998 la Argentina dejó de producir uranio, e importa por año las 210 toneladas que necesita para las 4 centrales nucleares. Se necesitan 6000 toneladas para los próximos 40 años de vida de las centrales, y el país cuenta con recursos identificados de 31.000 toneladas.

 Podría autoabastecerse y convertirse en exportador del mineral, pero la ceguera política lo impide, mientras el país sufre la peor crisis energética de la historia, habiendo importado energía por 50.000 millones de USD en los últimos 4 años. La Argentina cuenta con 5 proyectos en exploración, de los cuales 4 están en Chubut y 1 en Santa Cruz. A quien le compramos el uranio?. A Canadá, un país desarrollado y con excelencia en los máximos cuidados ambientales, que explota sus recursos y nos vende el uranio a un país subdesarrollado como el nuestro, que posee mayor riqueza, tiene a los profesionales capacitados, y a las empresas para desarrollar los proyectos. Gran negocio, somos unos vivos bárbaros.

Nosotros seguimos sin explotar nuestros recursos, mientras continuamos desangrando de dólares al país para importar energía, endeudándonos y generando cada vez mayor pobreza en lugar de bienestar para nuestra gente. Muy pronto los profesionales de la foto, estarán trabajando en otro país, que aprovechará su conocimiento, y será el que nos venda el uranio.

Fuente: Perfil de Facebook de Favio Casarin
Foto: Favio Casarin

El proyecto anti minero “es una locura”

Así lo calificó el Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace.

El dirigente gremial se refirió al proyecto de iniciativa popular que está en análisis de la legislatura y que ayer mereció la reunión de varias comisiones, que no alcanzaron a emitir dictamen y pasaron a un cuarto intermedio para la semana próxima.

Para Laplace “es una locura lo que están planteando” en el proyecto impulsado por sectores anti mineros avalados por 13.000 firmas.

Y pidió a los diputados que actúen con responsabilidad y no mirando la posible cantera de votos para las elecciones del año próximo.

Dijo que el claro ejemplo del desarrollo minero está cerca, en la provincia de Santa Cruz, donde poblaciones enteras que veían peligrar su existencia hoy progresan gracias a la minería.

Recordó que un proyecto de plata como el denominado “Navidad”, que queda en cercanías de Gastre, generará 1.500 puestos de trabajo que de manera indirecta, por la multiplicación de las actividades, puede llegar a 7.000 personas que tendrán un sustento digno.

Fuente: http://www.radiochubut.com/

No hay que caer en infantilismos. Hay que habilitarla y el estado debe fomentarla

Consultado sobre el tema minero, el intendente valletano recordó que “Chubut tiene una larga tradición minera” dijo y agregó que hace años que la provincia se dedica a la extracción. “No hay que caer en el alarmismo de los que están por el no a la mina -dijo- creo que impedir ciento por ciento la minería es un infantilismo porque los celulares que usamos para la vida cotidiana tiene que ver con la minería” recordó.

De esta manera Pérez Catán llamó a debatir seriamente respecto de la minería con motivo de “poner en tela de juicio apoyándonos en evidencias científicas y profesionales y que dejemos el discurso mediático y nos pongamos a trabajar sobre los documentos que están firmados por profesionales” insistió.

Al respecto señaló que las Universidades no están formando parte del debate y sin embargo es necesario que esto suceda, para determinar cuestiones que tiene que ver con la calidad, cantidad y el tamaño de la explotación de los recursos naturales de la provincia. Por lo que “ya no hablo de la minería sino de la explotación de los recursos naturales, los renovables o no renovables” aclaró y agregó que “esa creo que tiene que ser la discusión central.

Finalmente, el intendente valletano se mostró a favor de la minería y sostuvo que debe abrirse el debate pero además “hay que habilitarla y tiene que estar fomentada por el Estado provincial para pensar en el futuro de los chubutenses, sobre la base de una estrategia de explotación y administración de los recursos naturales” concluyó.

Diario Cronica

El proyecto antiminero presentado como "iniciativa popular" es inconstitucional por donde se lo mire

Así lo interpreta el abogado Hernán Zabala, especialista en temas mineros.

El letrado considera que el proyecto, tal como está presentado en la legislatura, vulnera la constitución nacional, la constitución provincial y el código de minería.
Reconoció que así se lo hicieron saber a los diputados que los recibieron este miércoles en la legislatura provincial para abordar el tema, quienes eran cuatro y lo escucharon con atención.
Zabala advirtió que el texto, tal como está presentado, impide la continuidad de la empresa Aluar, la principal productora de aluminio del país con sede en Puerto Madryn.

“Hay un juego de artículos que impiden la actividad de esa empresa” interpretó Zabala.
El abogado dijo que el texto va más allá de los límites provinciales porque marca el destino dado a las extracciones que podrían permitirse ya que se prohíbe su traslado a otros puntos del país para su procesamiento.
Zabala indicó además que el proyecto que presentaron los autoconvocados es una copia casi textual de otro que se hizo a nivel nacional y que parte del prejuicio de que la actividad minera es contaminante, cuando en realidad lo perjudicial es el concentrado de productos lo que sería perfectamente controlable.

Ika Martinez anticipó no avalará la iniciativa popular por considerarla "anticonstitucional"

La diputada provincial Argentina Martinez señaló que pidió asesoramento "de prestigiosos constitucionalistas y abogados de la provincia" de cuyo análisis se desprende que la iniciativa popular sería anticonstitucional, y remarcó que como legisladora tiene "una obligación de cumplir con la Constitución, nada puedo generar en base a lo que no está contemplado en ella".

La diputada Argentina "Ika" Martinez se refirió al debate que se dará en la Legislatura Provincial en torno al proyecto de mineria presentado por iniciativa popular, y valoró el hecho de que "vamos a poder debatirla", remarcando que "se ha tratado de escuchar a todos". Sin embargo, remarcó que "como legisladora y por el juramento que yo hice de respetar la Constitución Nacional y la Provincial, no puedo contradecirlo avalando esta ley que va en contra de ella".
Sostuvo que se abocó "a pedir asesoramiento a constituyentes y a prestigiosos abogados de nuestra provincia, fundamentalmente en relación a la constitucionalidad de la ley", y en este sentido consideró que -a su criterio-, esa ley no sería constitucional.
"Yo tengo una obligación como diputada de cumplir con la Constitución, nada puedo generar en base a lo que no está contemplado dentro de la Constitución", enfatizó Martinez.
Indicó que, aunque puedan surgir quienes la consideren constitucional, "yo confío en la gente experimentada, que ha sido autora y ha participado activamente en la reforma de la Constitución de 1994, que me han escrito y me han firmado en el analisis de la ley que me me dicen que en todo su articulado que es inconstitucional".
Asimismo, apuntó que "soy consiente que la Constitución, o quienes se sientan perjudicados, me pueden castigar por votar una ley anticonstitucional en forma directa". "Esto es una iniciativa popular", recordó, marcando que sobre ella y los demás legisladores recae la responsabilidad "de poder hacer una ley en forma correcta y encuadrada dentro de la Constitución Provincial".

Aspectos de inconstitucionalidad

Martinez mencionó que uno de los elementos que marca la inconstitucionalidad de la norma es "la prohibición de todo", y diferenció esto con las restricciones que impone la Ley 5001, recordando que esta última "es ambiental y tenía un plazo en la prohibición de 120 días, y establecia que el Ejecutivo tenía que hacer la zonificación". Con esto, señaló que "la prohibición del legislador tenía plazo y la responsabilidad del no cumplimiento pasa al Ejecutivo, por lo cual no se puede decir que la 5001 sea inconstitucional".
"En la iniciativa popular sólo se prohibe, no se dice hasta cuando ni como ni que", sintetizó la diputada y agregó que "no podemos perder de vista que tenemos un código minero que, a nivel nacional, tienen rango constitucional, y es como el código civil o el código penal, tenemos que respetar ese código". "Hay muchas otras normas que están por encima de una legislación provincial", remarcó.
Si bien señaló que se trata de una posición personal sobre la cuestión de fondo de este proyecto, recordó que la iniciativa también es cuestionada en las formas, dado que no daría cumplimiento a una legislación establecida el Tribunal Electoral en cuanto a "los requerimientos, la reglamentación y el muestreo, ya que de las 13 mil firmas la mayoría no tiene el comprobante de haber votado en la provincia en el 2011".
Finalmente, adelantó que dentro del bloque del Frente para la Victoria "hay diputados que van a acompañar la iniciativa", y señaló que eso será abordado tanto en reunión de comisión como de bloque.

Los opuestos mineros: ¿minería o megaminería?; ¿subterránea o a cielo abierto?; ¿con o sin cianuro?

El título de la nota hace referencia sólo tres ejemplos que son los más comunes que se han instalado en el debate minero entre quienes trabajan en la actividad, los legisladores y funcionarios, comunicadores y la opinión pública. Estos conceptos, contradictorios entre sí, constituyen deformaciones del lenguaje y carecen no sólo de sustento legal, sino también de realismo fáctico. Pero se han instalado con tal fuerza, penetrando en todos los estamentos de la sociedad, que impiden la concreción de un debate serio, profundo y real sobre la actividad minera. Lo peor de todo es que se observa que hasta los mismos mineros han caído en esta especie de trampa, y utilizan a menudo estos falsos conceptos.

Estas discordancias también se encuentran relacionadas, y las deformaciones en su uso han hecho que en la práctica exista una correlación o sinónimo entre megaminería – mínería a cielo abierto y cianuro. En efecto, el concepto de megaminería comúnmente utilizado hace referencia a emprendimientos mineros de gran escala, normalmente a cielo abierto mediante la ayuda de voladuras, grandes consumos de agua y utilización de sustancias químicas y tóxicas como el cianuro.

Ni el Código de Minería de la Nación, como asimismo ninguna de las leyes subsiguientes y complementarias que regulan la actividad, menciona ni hace diferencia alguna entre minería o megaminería. Menos aún prescriben algún tipo de restricción o limitación entre el desarrollo de un pequeño emprendimiento minero y otro de mayor escala. La única diferencia en el marco legal de la minería es la establecida para la calidad de los minerales, diferenciándolos en sustancias y referida al tipo de concesión. El término megaminería -no para referirse al tamaño, sino para descalificar a la actividad minera-, ha sido instalado inteligentemente como eslogan por los activistas antimineros, copiado por legisladores y comunicadores que hacen su negocio con esta polémica, y que ha penetrado con éxito en la opinión pública. Es una batalla que la actividad minera ha perdido, en parte por su propia desidia comunicacional, y en parte por haber también caído infantilmente en la utilización de este término. No existen otras industrias en las que se aplique el prefijo mega, y menos con la intención con la cual se lo utiliza en la minería.

El término megaminería, a veces da lugar para los más neófitos en la materia, a pensar que existen monopolios mineros o alta concentración de concesiones, sobre todo en compañías multinacionales. La Ley 24.498 establece que no puede otorgarse a la misma persona más de 20 permisos ni más de 400 unidades por Provincia, restricción que no presenta ninguna otra industria. De hecho se da en la Argentina, que siendo un país incipiente y con pocos proyectos en producción en la industria minera metalífera, existe una gran diversidad de compañías desarrollándolos.

También la Ley 24.585 de Protección Ambiental fue incorporada al Código de Minería como Título Complementario. No existe industria que tenga una propia ley ambiental incorporada en las actividades que regulan su funcionamiento. Es más, hace pocos días acaba de promulgarse la Ley 27.007 que regula toda la actividad de la industria de los hidrocarburos, y paradójicamente no contiene disposiciones ambientales, tratándose también de una actividad extractiva de recursos naturales no renovables y que está siendo fuertemente cuestionada por los presuntos perjuicios ambientales que generan la explotación de recursos de hidrocarburos no convencionales.

La diferencia entre minería subterránea y a cielo abierto, se refiere a diferentes técnicas de explotación minera, debido a la forma de yacencia del mineral, que hacen que se opte por una u otra forma de explotación. Sin embargo, también se ha instalado que la minería a cielo abierto es una elección de la compañía minera, ya que es más simple y resulta mucho más económico volar montañas y destruir paisajes para extraer minerales. Dado lo exiguo del espacio disponible para esta columna, no es posible detallar cada método, pero sí mencionar que el potencial riesgo de contaminación no varía, ni tampoco el proceso de separación del mineral en cuanto a la utilización de productos químicos. En todo caso, la minería subterránea si es mucho más riesgosa para la salud del trabajador minero. Sin embargo, oímos muchas veces de los propios referentes o profesionales de una compañía minería que buscan ganar adhesiones para su proyecto mencionando que “se trata de minería subterránea”, dando lugar a que la minería a cielo abierto es nociva. Un principio comunicacional establece que todo lo que no se hable, o se excluya, será inevitablemente utilizado en tu contra, y así ha sucedido y sucede.

El tema del cianuro merece mayores consideraciones. La utilización de cianuro en la minería tiene por objeto separar los metales (oro, plata, cobre, zinc), ya que es un reactivo químico que los disuelve en agua. El cianuro es utilizado en las industrias del plástico, cosméticos, fármacos, alimenticia, entre otras. La industria minera consume un 6 por ciento del total de la producción mundial de cianuro, y se lo utiliza desde el Siglo XIX, en soluciones muy diluidas entre el 0.01 y 0.05 por ciento (100 a 500 partes por millón). Estas concentraciones muy bajas, no causan problemas en el ambiente, y además cuando el cianuro es expuesto al aire, se oxida y no persiste. Desde el año 2000 existe el Código Internacional de Manejo de Cianuro destinado a promover las mejores prácticas en el manejo del cianuro en la minería.

Los grandes problemas de contaminación con cianuro han sido provocados por otras industrias, y no por la minería, donde por su baja concentración, buenas prácticas en el manejo y posterior destrucción, disminuyen considerablemente el riesgo. Pese a ello, el cianuro constituye una de las más grandes banderas antimineras. La sola pronunciación de la palabra basta para generar terror, fortalecer al que la utiliza en oposición a la minería, y derrumbar los argumentos del interlocutor que la apoya. Es tal la aversión, que compañías mineras en pos de la obtención de la licencia social para sus proyectos, los promocionan como “sin utilización de cianuro”. Grave error, inclusive mayor al de la falsa antinomia minería subterránea o a cielo abierto. Primero porque confunde y utiliza como supuesta ventaja, algo que no lo es, profundizando aún más la confusión del confundido. Segundo porque afirmar y hacer de la no utilización de algo el argumento para la obtención de una licencia, significa colocar en estado de sospecha quien sí la utiliza.

La existencia de estos opuestos, y falsas contradicciones, impiden el debate serio y profundo de la minería. A lo largo de los años se han instalado estas antinomias que estigmatizan al sector, y cuyo derrumbe costará mucho tiempo. Para comenzar, los primeros debemos ser los propios mineros, muchos de los cuales han caído en esta trampa, y vemos como a diario ellos mismos plantean estas falsas contradicciones y deforman los conceptos y el lenguaje, estableciendo una comunicación endeble, ambigua e ineficiente. De allí proviene el viejo principio del Derecho Romano en latín que encabeza esta nota: Nadie puede alegar en su favor, su propia torpeza.

Fuente: http://elinversoronline.com/

Hilda Castro: "Llevamos mas de 10 años postergados".

Hilda Castro, pobladora de Gastre, fue una de las oradoras de la reunion que protagonizaron mas de 600 vecinos de todas las localidades de la provincia, rechazando unanimemente la iniciativa antiminera.



Hilda en su alocución indico que los pobladores de la meseta saben que tiene mineria y que pueden vivir de ese recurso. La pobladora relató entre lágrimas: “No quiero darle $500 a mis hijos de una Tarjeta Social. Quiero trabajo digno para mí y para mi familia. Para enseñarles a mis hijos la cultura del trabajo, no del asistencialismo”. Invitó a los dirigentes a ir a la meseta para conocer su realidad cotidiana.


“Desde un sillón cómodo no se pude decir `No a la minería´ cuando se vive de rentas o el turismo. No se puede ser tan egoísta. Nosotros no tenemos turismo ni bienes raíces. Esta es nuestra única alternativa. Cuando a mi hijo le hace ruido la panza del hambre el ambiente pasa a segundo plano.

LA INICIATIVA POPULAR ANTIMINERA PONE EN JUEGO MILES DE PUESTOS DE TRABAJO

DE PROSPERAR, ALUAR EN MADRYN NO PODRÍA CONTINUAR PRODUCIENDO CON SECUELAS SOCIALES IMPREDECIBLES

El proyecto de ley Nº 75/14 propiciado por la Iniciativa Popular que establece parámetros para la sustentabilidad ambiental de las explotaciones mineras contiene en su articulado, no solo restricciones al desarrollo de la actividad, sino que acarrearía un severo perjuicio para actividades industriales en pleno desarrollo.
La Cámara de Diputados de Chubut deberá definir en la sesión prevista inicialmente para el 25 de noviembre, si aprueba o rechaza el proyecto, ya que no puede ser modificado en la instancia parlamentaria.
Su aprobación significaría lisa y llanamente la pérdida de miles de empleos en Puerto Madryn, ya que la sanción de ese proyecto de ley, condicionaría e impediría el funcionamiento del proceso productivo de la empresa Aluar.
“Prohíbase, en todo el territorio de la provincia del Chubut, la actividad minera de sustancias metalífera correspondiente a la primera categoría establecidas en el inciso a) del artículo 3º del Código de Minería…”, señala un párrafo del artículo segundo de la iniciativa que espera tratamiento parlamentario.
Con todo, al observarse la redacción del tercer artículo del proyecto se indica expresamente: “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2ª de la presente ley, prohíbase en todo el territorio de Chubut, toda actividad minera metalífera cuyas actividades comprendidas en el inciso b) del artículo 249 del Código de Minería, o cualquier tipo de procesamiento, sean realizadas en otra provincia o en el extranjero”.
Pues bien, el Art. 249 del Código de Minería, señala en su incido b) las actividades comprendidas y corresponden concretamente a “los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo, elaboración primaria, calcinación, fundición, refinación…”.
Con claridad meridiana se advierte que determinar la prohibición del desarrollo de ese tipo de actividades significará que la empresa de aluminio Aluar de Puerto Madryn no pueda proseguir con el desarrollo de su actividad, lo cual representará la pérdida de miles de empleos con consecuencias sociales impredecibles.

MARCHA A FAVOR DE LA MINERIA EL 19 Y 25 DE NOVIEMBRE

Vecinos de todo Chubut se reunieron este Miercoles 13 en Rawson y convocaron a una manifestación en contra de la iniciativa antiminera. “Desde un sillón cómodo no se pude decir 'No a la minería'", dijo una vecina de la meseta durante el acto.

Cerca de 500 vecinos de la meseta se movilizaron en Rawson y protagonizaron en el Cine Teatro “José Hernández” un acto a favor del desarrollo minero en Chubut. El evento organizado por la agrupación “Juntos por la Meseta” fue masivo. Se debió cortar el tránsito y en el bulevar había baños químicos.

Tras el encuentro la conclusión fue una convocatoria para los días 19 y el 25 de noviembre de rechazo a la Iniciativa Popular que tratará Legislatura.
Del acto participaron jefes comunales y los diputados del PJ, Gustavo Muñiz y Carlos Gómez y del Frente para la Victoria, Vicente Jara, sumado al subsecretario de Asuntos Municipales, Néstor Hourcade. También el dirigente radical trelewense, Gerardo “Chato” Bulacios.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, envió una carta de apoyo que leyó el presidente de la Cámara Minera, Néstor Álvarez. “Con el petróleo sólo no alcanza. Las comunidades tienen el legítimo derecho de explotar sus recursos. La riqueza enterrada no es riqueza. Sepan de mi apoyo y compromiso al desarrollo de esta actividad”, declaró el intendente.

El intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, señaló que restan muy pocas sesiones y esperan el pronto tratamiento del proyecto de zonificación que presentaron a la Cámara. En esa comuna hay 300 desocupados. “Queremos que nos escuchen los diputados y los dirigentes, que escuchen a la gente de la meseta que quiere trabajo y dejar de ser el patio trasero de la provincia”, señaló quien es jefe comunal hace ya 13 años. “Es necesario un sueldo digno, que nuestra gente pueda estudiar y trabajar. Estas cosas los legisladores las tienen que tener presente a la hora de decidir”.

“Hoy dicen otra cosa”

Sobre el posicionamiento del bloque Chubut Somos Todos, quienes votarían a favor de la iniciativa popular para prohibir los proyectos mineros, comentó: “Escuché al ex gobernador Das Neves que pidió algunas cosas más para poder debatir en la Legislatura. Si se acercan a la meseta los diputados van a tener otro panorama. Estuvimos con el bloque y nos dijeron lo contrario a lo que hoy expresan”.

Pichiñán explicó que piden proyectos mineros pero “cuidando el ambiente, que la mano de obra pertenezca al 90% de las localidades, que la renta beneficie a los municipios, la provincia y Nación. Queremos participar como nunca antes se hizo”. Y se mostró a favor de un plebiscito pero luego de la zonificación “porque no es lo mismo el uranio que la plata que está en Gastre”.

En el acto, Pichiñán les habló a los diputados. “El 25 de noviembre o 3 de diciembre, cuando se trate la Iniciativa, les pido que se saquen la camiseta sectorial, la del color político y que piensen en la gente que reclama dignamente”.

“Pido un debate amplio. Que se saquen la camiseta para pensar en aquel niño que ve que el padre está pidiendo una zonificación, en aquel joven que se pregunta, ¿qué va a ser de mí mañana, dónde voy a estudiar? Que piensen en el padre o madre que apenas pueden llevarles un pan a sus hijos. Que piensen en los abuelos, que se vieron frustrados por no darles posibilidades a sus hijos”, expresó.

Continuó diciéndole a los legisladores: “pedimos minería responsable. Que seamos partícipes de esto porque habitamos el suelo chubutense. Pedimos una ley porque la pala y el pico están acá. Sólo queremos esa herramienta para poder vivir. Queremos tener los mismos sueños que tiene el Valle, la cordillera o el sur con el petróleo”.

Por su parte, Hourcade explicó que “estamos apoyando a nuestros jefes comunales, que son los que realmente luchan en pos de sus pueblos. Cada localidad debe vivir de lo que realmente quiere vivir. Sabemos que tenemos la licencia social en las once comunas de la meseta más dos municipalidades para poder ser escuchados por los legisladores que hace dos años decían que sí y ahora dicen que no”.

Le dedicó un párrafo a los diputados dasnevistas. “Nos gustarían que hagan lo mismo que hicieron en la apertura de sesiones en 2010 cuando manifestaron que en la meseta la única forma de vivir iba a ser a través de la minería, tal como expresó el ex gobernador”.

“El mismo bloque que hoy dice que no, tendría que salir a recorrer la provincia. El problema lo conocen desde que Máximo Pérez Catán fue ministro de Gobierno, desde que Pichiñán fue intendente y Mario gobernador”, agregó.

Al hablar, el presidente de la Cámara Minera, Álvarez, señaló que “estamos buscando oportunidades de progreso, que hoy no existen por ignorancia o por cuestiones inentendibles porque hay lugares de la provincia que pasan necesidades teniendo enormes posibilidades bajo el suelo”.

“Tenemos en Legislatura un anteproyecto de ley que prohibiría todo tipo de minería metalífera y pondría en duda la existencia de varias empresas que hoy operan en nuestro territorio. Así de inconstitucional es el proyecto que va en contra de la Constitución Nacional y Provincial y viola tratados internacionales. Nos quieren sacar la posibilidad de explotar nuestras riquezas”, especificó. Álvarez estará el 25 de noviembre en Legislatura para “defender el derecho a trabajar. Si hoy somos 500 personas, ese día tenemos que ser el doble”, expresó.
Finalmente Hilda Castro, pobladora de Gastre, relató entre lágrimas: “No quiero darle $500 a mis hijos de una Tarjeta Social. Quiero trabajo digno para mí y para mi familia. Para enseñarles a mis hijos la cultura del trabajo, no del asistencialismo”. Invitó a los dirigentes a ir a la meseta para conocer su realidad cotidiana.
“Desde un sillón cómodo no se pude decir `No a la minería´ cuando se vive de rentas o el turismo. No se puede ser tan egoísta. Nosotros no tenemos turismo ni bienes raíces. Esta es nuestra única alternativa. Cuando a mi hijo le hace ruido la panza del hambre el ambiente pasa a segundo plano”, remarcó.
“¿Por que somos de Gastre, Gan Gan o Lagunita siempre tenemos que sobrevivir?. ¿Por qué no podemos tener un proyecto de vida? Tenemos derecho a poder pagarnos una casa o un auto. Si tenemos trabajo lo podemos hacer, si no, muere en un sueño”, subrayó. “Si minería no, ¿cuál es la alternativa que me dan para mi pueblo? Aunque muchos crean que seis mil votos no cambian la vida a nadie, yo les digo que aún con un voto se gana. Vamos a seguir desde la meseta haciendo patria”.

Fuente: Diario Jornada

MARCADO RECHAZO A LA INICIATIVA ANTIMINERA

VECINOS DE LA MESETA Y LA CORDILLERA SE CONCENTRARON EN LA CAPITAL PROVINCIAL

Con una escasa presencia de diputados y el rechazo unánime a la iniciativa popular contra la minería en la Legislatura, se concretó ayer al mediodía en el Cine Teatro de Rawson, el plenario a favor de la zonificación, encabezado por agrupaciones de la Meseta y la Cordillera, referentes de la Cámara Minera, el intendente de Paso de Indios, Mario Pichiñán, y otros jefes comunales.

En el acto, que se desarrolló a sala llena con más de 600 personas provenientes de diversas localidades de la meseta, la cordillera y también el valle, sólo estuvieron presentes los diputados Gustavo Muñiz y Carlos Gómez (PJ) y Vicente Jara (FPV). Si bien no pudo concurrir por tener que atender las obligaciones relacionadas con la falta de agua en Comodoro Rivadavia, la presencia de Néstor Di Pierro, el principal impulsor de la minería dentro del arco político, se hizo sentir a través de un enfático discurso que fue leído en la apertura del plenario.

El intendente de la ciudad petrolera llamó a «la unidad» de la provincia y a la persistencia en la lucha por el desarrollo de la minería. «Toda la fuerza en este acto, que juntos vamos a poder», finalizó Di Pierro desde la distancia, y se llevó los aplausos de todos los pobladores.

El intendente de Paso de Indios, Pichiñán, exhortó a los vecinos de la meseta y la cordillera a concurrir en forma masiva el próximo martes 25, cuando los legisladores deberán arribar a una definición con respecto a la iniciativa popular de la Unión de Asambleas que busca prohibir la megaminería en la provincia. Pichiñán no pasó por alto la marcada ausencia de los legisladores en el plenario y les pidió enfáticamente que «se pongan la camiseta de la gente y dejen las banderías políticas de lado». Ante el clamor de la multitud, el intendente de Paso de Indios pidió a los legisladores que «nos den la posibilidad de agarrar el pico y la pala, porque nosotros queremos trabajar». Tampoco pasó por alto que «los chicos que terminan la escuela, los padres y las madres, que hoy no se están quejando por el impuesto a las ganancias, necesitan llevar el pan a la mesa y no tienen trabajo».

PREOCUPACION 

El presidente de la Cámara Minera, Néstor Alvarez, advirtió que de ser aprobada la iniciativa popular antiminera, las empresas que están operando hoy en la región se verían obligadas a desinvertir, y esto podría traer como consecuencia una avalancha de reclamos contra el Estado provincial.

«Estamos preocupados por este anteproyecto que tiene vicios de inconstitucionalidad. Hay empresas que están trabajando en Chubut que también tendrían que dejar de seguir operando», sostuvo Alvarez, quien remarcó la presencia del ministro de Hidrocarburos, Exequiel Cufré, y de Néstor Hourcade durante la última reunión que encabezó Di Pierro en Comdoro Rivadavia. En este sentido, el titular de la Cámara Minera coincidió con la postura del Gobierno provincial de «discutir proyecto por proyecto donde haya licencia social». También consideró que la interpelación a Musmeci «no justifica la negativa de algunos diputados a promover la minería en la provincia».

ESCUCHAR A LA GENTE 

En tanto, el subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia, Néstor Hourcade, indicó que la postura del Gobierno es «escuchar a cada uno de los sectores de las comunas del interior» para determinar dónde hay «licencia social». Manifestó que el Gobierno ha promovido diversas reuniones para cotejar las posturas sobre la minería.

Fuente: Diario El Chubut.

Pérez Catán volvió a pedir un debate por la minería

"Es necesario definir qué clase de provincia vamos a ser en la administración de los recursos naturales no renovables”, dijo el intendente de Trelew.

El intendente de Trelew Máximo Pérez Catán volvió a expresarse este jueves a favor de propiciar “el debate” en torno a la minería en Chubut y señaló que es necesario “definir qué clase de provincia vamos a ser en la administración de los recursos naturales no renovables”.

Consultado acerca del inminente tratamiento que el tema tendrá en la Legislatura provincial, Pérez Catán reiteró que está de acuerdo “con cualquier decisión que se tome para favorecer el debate” y también señaló que en Chubut “tenemos una tradición minera”, recordando en ese sentido que “explotamos el petróleo hace más de 100 años, hace más o menos unos 70 años que se explota el caolín y hace muchísimos años que se explota la piedra laja” dijo por citar algunos ejemplos.

Ante ello insistió en la necesidad de debatir el tema “para saber qué clase de provincia minera vamos a hacer, de qué magnitud, de qué tipo y para qué alternativas y es una cuestión que sólo va a venir a partir de un debate serio en donde puedan empezar a intervenir algunos profesionales que den evidencia científica y técnica respecto de las cosas que se dicen” afirmó, al aclarar que “tiene que haber una evidencia constatable científica y profesional detrás, que de certeza respecto de las opiniones y de las cosas que se dicen”, remarcó.

Para finalizar insistió en que “necesitamos definir qué clase de provincia minera vamos a hacer y tenemos que definir qué clase de calidad ambiental estamos dispuestos a garantizarle a los chubutenses a partir de las acciones del Estado a partir del cuidado de un bien como es el de la calidad ambiental”.

Fuente: Diario Jornada.

Daniel: “Me parece bien que Di Pierro se pronuncie por la minería”

El diputado del Interbloque, Eduardo Daniel consideró muy bueno que el intendente de Comodoro Rivadavia Néstor Di Pierro se pronuncie por la minería y propicie centros de debate como lo hizo en su ciudad, modelo que reproducirá mañana martes en Rawson. “Su ciudad es netamente minera y petrolera como su historia, por lo que la visión de los dirigentes de Comodoro es distinta a lo que tenemos los de la Cordillera”, explicó.

Indicó a El Diario de Madryn que le parece bien que cada uno que tenga posiciones claras haga militancia para defender lo que cree mejor para el desarrollo de sus Comarcas, “pero la discusión no se puede agotar en una compulsa o en una votación, como se hizo en Esquel. Aquí son todos los ciudadanos que deben expresarse pero para eso hay que aportar las herramientas”.
Dijo que el proyecto de Ley de Iniciativa Popular debe resolverse antes del 27 de noviembre, “hemos recibido y hablado con la Cámara de Empresarios Mineros y con los integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas por lo que los tiempos están llegando a su fin para tomar una determinación”.
Reconoció que hubo acercamiento con la Unión de Asambleas que primero fueron escabrosos y que ahora se ha dado un diálogo productivo y respetuoso, “la forma en que cada sector puede defender su propuesta son con fundamentos concretos”.
Para Daniel pase lo que pase, el debate minero no se agota el 27 de noviembre con el proyecto de iniciativa popular, “este debate tiene que empezar porque hemos visto exposiciones individuales pero debe existir un debate profundo y con reglas claras para que nosotros podamos informarnos y también los ciudadanos”.

Votar sin hipocresías

Daniel explicó que la Iniciativa Popular se vota por simple mayoría, y no duda que se debe votar sin hipocresía “no podemos pensar que en un tema tan transcendente se tome una posición por cuestiones electoralista como hará el bloque Chubut Somos Todos que acompañarán la iniciativa popular, pero para mí el debate no empezó”.
El legislador cordillerano sostuvo que a pesar que el bloque dasnevista ya se expresó a favor de la Iniciativa Popular, hay dirigentes del mismo sector que vienen solicitando el desarrollo minero, “esta posición seguramente la han tomado por decisión del diputado nacional del Pach, el radicalismo también ha decidido acompañar la iniciativa popular pero el resto nos estamos informando para tomar una decisión responsable”.
Solicitó además que el gobierno tome la iniciativa para la discusión del debate minero. “Debe ponerse al frente de esta temática que es trascendente para los chubutenses, creo que el gobierno debería tener una posición firme pero sin que tome partido porque debe facilitar las condiciones para que en un marco de respeto y entre las partes se pueda llevar adelante el debate en la provincia, la comunidad necesita saber de qué se trata”.
Para Daniel las cosas van cambiando y espera que la Unión de Asambleas acepte un debate con la otra parte y con la presencia de los medios para que se puedan explayar y conocer cuál es la posición.

Sin posición

Sobre la posición del Interbloque sobre este tema dijo que esperará que estén todos los diputados de su sector para consensuar si es posible una poción única o se irá tomando posiciones individuales.
Sobre las diputadas Alejandra Johnson Taccari y María José Llanes que han propiciado la explotación minera dijo que ellas deberán pronunciarse cuando estén todos los integrantes para tomar una decisión en conjunto.

Advierten acciones legales contra Chubut si se prohíbe la minería

Integrantes de la Cámara de Proveedores de Minería de Chubut y del Colegio de Ingenieros de Minas de Argentina, en conferencia de prensa sostuvieron su posición respecto de la “inconstitucionalidad” que existe en torno al proyecto para prohibir la minería en Chubut. Al respecto Mario Bensimón, integrante de la Cámara de Proveedores, explicó los alcances de las facultades de los diputados provinciales y aseveró que “no pueden derogar el Código de Minería nacional”. Los integrantes del equipo de trabajo de la Cámara, no descartan que se recurra a la Justicia por este caso y aseguran que el caso pasará a la historia si se prohíbe la minería ya que las empresas que hace diez años hacen exploración podrían iniciar acciones legales millonarias contra el Estado de Chubut, “alguien va a tener que pagar los platos rotos” sostuvieron.

Bensimón mencionó que “desde la cámara de Proveedores estamos preocupados fundamentalmente por la presentación del proyecto que plantea la prohibición total de la actividad en toda la provincia. Celebramos la participación popular y celebramos la constitución de los institutos como la iniciativa popular que acercan a la gente a los procesos de toma de decisiones”.
“Eso no quiere decir que los proyectos que se presentan no tengan que pasar por un test de constitucionalidad. Hay que pedirle a los diputados cuestiones que estén dentro de sus facultades de decidir y aquí es donde nosotros tenemos algunos problemas”, sostuvo el empresario al tiempo que agregó que “consideramos que el proyecto de prohibición total que se ha presentado a través de las Asambleas Ciudadanas autodenominadas anti-mineras, carece de constitucionalidad porque deroga parte del Código de Minería y deroga derechos reconocidos por el Código de Minería y entendemos que una Ley provincial no lo puede hacer”.

Sin facultades

En diálogo con la prensa, Bensimón explicó que “los legisladores provinciales tienen límites para actuar, límites que pasan por los textos de la Constitución Nacional y el de la Constitución Provincial”.
“´La Constitución de 1853 fue el primer intento exitoso de muchos intentos en los que durante cuarenta años no se había podido llegar a una unidad nacional porque se privilegiaban los intereses regionales por sobre los intereses comunes”, sostuvo Bensimón al mencionar que estas cuestiones fundamentales, “se plasmaron en esta Constitución, la cual se conforma con la decisión de Alberdi de tomar como modelo el de la Constitución de los Estados Unidos pero con algunas modificaciones, principalmente tomando como objetivo constituir la Unión Nacional que se hace notar desde el preámbulo de la Constitución”.
Entre otras facultades “las provincias delegaron al Estado Nacional la facultad de legislar sobre el derecho de fondo, de legislar sobre los códigos y por eso en la Argentina tenemos un solo Código Civil, un solo Código Comercio, un solo Código Penal y un solo Código de Minería”, sostienen desde la Cámara, por lo tanto “si cada provincia a partir de ahora con este caso de Chubut y con este proyecto, va a declararse independiente y va a dejar de cumplir el Código de Minería de la Nación y derogar los derechos que este código reconoce por ejemplo al descubridor de un yacimiento, evidentemente estaremos hablando de un modelo en el que se irá en contra con la práctica constituyente que nos rige hace ciento sesenta años”.
“Los proyectos mineros se autorizan a nivel provincial pero la legislación de fondo es facultad del Congreso de la Nación”, insistió Bensimón.

Resarcimiento

En sus declaraciones el representante de la Cámara de Proveedores, advirtió que si se aprueba esta Ley, será un golpe para las empresas mineras que ya están realizando exploración en la provincia del Chubut desde hace más de diez años, pagando cánones y que obtuvieron en su momento los permisos correspondientes. “Es un tema que hay que destacar, y que es preocupante como profesional y como chubutense. De salir esta ley inconstitucional, probablemente va a tener razón el ambientalista que dijo que iban a ser recordados por la historia de Chubut”.
En tal sentido destacó que “serán recordados por la historia grande la provincia pero por las responsabilidades patrimoniales que tendrá la provincia que hace más de diez años propicia el trabajo de exploración, que aprueba las audiencias de impacto ambiental, que cobra cánones mineros y evidentemente esto ha generado perjuicios económicos que hoy son inversiones para muchas empresas y alguien va a tener que pagar los platos rotos”.

No lo descartan

Consultado acerca de si podría existir una posible presentación ante la Justicia si esto sigue avanzando, el ingeniero Mario Capello, secretario del Colegio de Ingenieros de Minas de Argentina precisó que “eso no lo descartamos, pero nosotros vemos lo que está pasando con la Justicia en la Argentina. Sostenemos que estas leyes son inconstitucionales porque no pueden ir en contra de un código de fondo”, dijo e insistió en que “la minería que es una industria lícita no se puede prohibir” para luego agregar que “esto que ocurre es gravísimo, porque no solo avanza con una parte como dijo el doctor sobre los minerales de primera categoría que son los más valiosos sino que también avanza sobre otros minerales como el aluminio”.
Esto en base a que “prohíbe entre otros los procesos de calcinación, fundición y refinación, y prohíbe la industria del Uranio cuando la Argentina tiene una dependencia del exterior del combustible nuclear que es mineral de más de cien millones de dólares”, concluyó.

Desde Gan Gan piden tratar la minería con "urgencia"

El jefe comunal de Gan Gan, Evaristo Cual, subrayó que la minería "es una actividad que nos daría la posibilidad de reactivar la actividad económica en la región. Se nos están acabando los tiempos y es urgente el tratamiento del tema. Los diputados deben colaborar y pensar en que la necesidad de 10 mil personas".

El intendente de Gan Gan, Evaristo Cual, invitó a "ver la necesidad de la gente" en su localidad, aunque "seguramente no significamos siquiera un 5% del electorado provincial", remarcó. "Están invitados a recorrer Gan Gan y la Meseta. Sería importante porque muchos diputados no están de acuerdo pero tampoco presentan otra alternativa”, indicó en diálogo con Radio Del Mar. Asimismo, aseguró que "la licencia social está" para iniciar con la minería, "si bien es difícil expresarlo porque no se puede medir es cierto que está y se podría empezar a trabajar. Hay un proyecto y le puede dar posibilidad de crecimiento y desarrollo genuino a las comunidades cercanas". La minería "es una actividad que nos daría la posibilidad de reactivar la actividad económica en la región. Se nos están acabando los tiempos y es urgente el tratamiento del tema. Los diputados deben colaborar y pensar en que la necesidad de 10 mil personas", sostuvo el jefe comunal.

Fuente: El patagonico

El concepto de Licencia Social: su significado y alcance

Licencia Social es una combinación de palabras que se ha instalado con fuerza en todo lo que tiene que ver con las actividades de exploración y explotación de recursos naturales y con mayor preferencia en las actividades extractivas como la minería y el petróleo. Ya forma parte del mundo cotidiano de estas industrias y unos la utilizan como una especie de salvoconducto o permiso, y otros como consigna contra la pretensión industrial. Pero no siempre el uso o significado que se atribuye es el correcto. Ni siempre se entiende cuál es su fuerza normativa para el desarrollo de un proyecto de inversión.

El concepto de Licencia Social ha sido desarrollado por diferentes autores y tiene distintas definiciones, sin embargo todas ellas convienen de manera general en que se trata del consentimiento libre, previo, informado y continuo de una comunidad local y sus grupos de interés para realizar proyectos de inversión. Dicho consentimiento debe darse sobre la base de la participación de la comunidad en los procesos de toma de decisiones.

A diferencia de las licencias formales -que otorga el Estado basado en una legislación que le da sustento- la Licencia Social no se rige por ningún documento, sino más bien es un instrumento informal aplicado voluntariamente y constituido sobre la base de acuerdos mutuos entre la empresa y la comunidad.

El concepto de una Licencia Social informal como hemos descripto es compatible con las normas legales en países que operan bajo los principios del derecho consuetudinario, tales como los países anglosajones. Sin embargo, el concepto se complica en países tales como los latinoamericanos, que operan bajo los principios de la ley positiva, según la cual solamente la autoridad oficial puede otorgar una ‘licencia’. En consecuencia, mientras que las comunidades y la sociedad civil están dispuestas a ver una Licencia Social en términos de una relación dinámica y continua entre la compañía y sus grupos de interés, los reguladores (y, a su turno, muchas compañías) ven la licencia en términos de un permiso formal, ligado a tareas y eventos específicos en los cuales el regulador toma el rol central al otorgar la ‘licencia’.

Nuestro marco normativo no regula la Licencia Social como tal, sin embargo existen diversas normas que versan sobre los mismos aspectos que dicho concepto contempla o que son de común aplicación. La Licencia Social está prevista en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su art. 1, inc. 2, donde afirma que los pueblos son libres de determinar sus riquezas y recursos naturales sin privárseles de sus medios de subsistencia. También revisando nuestra Constitución Nacional pueden extraerse algunos valores normativos, pero no son suficientes como para darle fuerza de regulación legal.

Por ello, algunas empresas o inversionistas, observan a la Licencia Social como un tema secundario, posterior, y en algunos casos ni siquiera analizable al comenzar un proyecto. Es un gran error, ya que el concepto de Licencia Social, no solamente tiene consecuencias en lo fáctico como vemos a menudo –comunidades que por ejemplo paralizan o impiden un proyecto de inversión-, sino que tiene consecuencias jurídicas, ya que integra –ya cada vez lo hará con mayor fuerza- el Sistema Jurídico.

En su obra”El Concepto de Dercho”, H.L.A. Hart hace una distinción entre las Reglas del tipo básico o primarias, y las Reglas secundarias. Las primeras son aquellas que prescriben que los seres humanos hagan y omitan ciertas acciones, lo quieran o no. Imponen deberes. Se refieren a acciones que implican movimiento o cambios físicos. Las segundas son aquellas que establecen que los seres humanos pueden, haciendo o diciendo ciertas cosas, introducir nuevas reglas del tipo primario, extinguir o modificar reglas anteriores, o determinar de diversas maneras el efecto de ellas, o controlar su actuación. Confieren potestades, públicas o privadas. Prevén actos que conducen también a la creación o modificación de deberes u obligaciones.

Hart enlaza estas dos tipos de reglas, con su concepto de Regla de Reconocimiento, que es la que suministra los criterios para determinar la validez de otras reglas del sistema. Es en sentido una regla última que proporciona criterios para la determinación de la validez de otras reglas. Algunos autores afirman respecto del carácter jurídicamente último de la regla de reconocimiento que: la validez jurídica de otras reglas del sistema puede ser demostrada por referencia a ella, su propia validez no puede ser demostrada, sino que se da por admitida, es postulada o es una hipótesis.

Es decir, que el concepto de Licencia Social en la actualidad, viene a ser una especie de Regla de Reconocimiento, que si bien no está escrita, ni definida en sus parámetros, otorga la validez suprema a las otras normas legales que habilitaron por ejemplo una concesión minera o petrolera. Por lo tanto, podemos concluir en que la Licencia Social, si bien no es una norma jurídica positiva, sí integra el Sistema Jurídico. Y no solo lo integra, sino que ocupa el lugar principal en la validez de un proyecto de inversión.

En la práctica vemos que así funciona el concepto de Licencia Social transformado en Regla suprema, ya que ningún proyecto de inversión puede ni siquiera comenzar sin el paraguas de esta Regla, aún cuando tenga todos los permisos legales.

También es observable, que el concepto de Licencia Social tiene mayor fuerza normativa que las reglas comunes o positivas, ya que aparece desde el primer esbozo del proyecto de inversión, lo acompaña a lo largo de la vida del mismo, y perdura una vez finalizado con las tareas de remediación ambiental y recomposición social de los pueblos involucrados.

Aún falta para que este concepto tenga arraigo en los sectores involucrados. Tal como está planteado, es un gran desafío para todos. El mayor de los desafíos, ya que tiene en cuenta nada menos que la interrelación humana. Lo humano con lo técnico. Vamos en camino. Pero ese camino debe acelerar los pasos. Hoy poseer la Licencia Social es tan importante como conseguir el financiamiento de un proyecto. Quien no lo entienda así, y no le de la importancia que el tema merece, tal vez consiga el financiamiento, pero lo que no conseguirá es poner en marcha el proyecto.

Fuente: http://elinversoronline.com/2014/11/el-concepto-de-licencia-social-su-significado-y-alcance/

No existe la megaminería, eso es un invento

El debate sobre la minería en el país, y especialmente en Chubut, crece ininterrumpidamente y se suman cada día nuevas voces al diálogo.
Como es el caso de el geólogo Ricardo Alonso. Alonso nació en la provincia de Salta y es doctor en Ciencias Geológicas. Actualmente se desempeña como investigador del Conicet y profesor adjunto de la Universidad Nacional de Salta (Unas) y profesor adjunto de la Universidad de Arizona, de Estados Unidos, además fue investigador visitante en la Cornell University, de Nueva York, y en la Universidad de Potsdam de Alemania.

Alonso colaboró con National Geographic, la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NSF), la Universidad de Cornell (Nueva York), la Universidad de Nebraska, el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Izmir de Turquía, entre otras instituciones y ha sido galardonado con los premios “Dr. Bernardo Houssay”, el “Dr. Victorio Angelelli”, Premio Nacional de Periodismo en Cultura e Historia “Adepa” y el Premio Nacional de Minería. Es autor, también, de 30 libros sobre la materia.
Una de las cosas que destaca de su trayectoria es la parte académica de la misma, “lo más importante es que he seguido en la universidad hace más de 30 años, y eso es importante porque uno ha formado muchísima gente. Enseño la carrera de geología y diversas materias como minería, yacimientos minerales, mineralogía, y hemos estado instruyendo a muchísima gente que se ha capacitado y que hoy no encuentra trabajo en nuestro país, y por ello deben irse a Chile, Perú; dos países que son los centros mineros más grandes del mundo. Es increíble que nuestros vecinos hayan desarrollado una extraordinaria minería, y que nuestros geólogos, ingenieros en minas, topógrafos, agrimensores, y toda la gente que se forma científicamente para ésta actividad, no consigan trabajo en Argentina y se tengan que ir al exterior, lo que produce una gran tristeza, ya que no se puede desarrollar la actividad en nuestro país porque siempre hay Teros en todas las cuestiones que tienen que ver con las actividades productivas”.

- ¿Cuál es su opinión sobre el desarrollo de éste tipo de emprendimientos, pensando ya en la posibilidad de un desarrollo en la provincia de Chubut, particularmente en la Meseta?

Todos los lugares que son como la meseta patagónica son propicios para la actividad. Ustedes tienen un ejemplo muy cercano, fíjense lo que ha hecho en minería Santa Cruz, o en San Juan. Cuando hay una voluntad política firme de llevar a delante estos proyecto se genera un enorme cantidad de riquezas, de puestos de trabajo, y nadie puede estar en contra de una actividad que es absolutamente legítima como la minería, porque primero hay que decir que no existe la megaminería, eso es un invento, porque la minería va desde la minería artesanal y social, llegando a la pequeña, mediana y gran minería.

La megaminería no existe, sino tendríamos que hablar de mega agricultura, mega ganadería u otros ámbitos similares. Oponerse a una actividad que es absolutamente legítima, que tiene un código de fondo en Argentina (el código de minería), que es la única actividad que respeta en cerio al medio ambiente porque tiene la ley del medio ambiente, que es la Nº 24.585, lo cual no tienen muchas otras actividades, y por ello tenemos las contaminaciones que se registran como los basureros a cielo abierto que hay desde la Quiaca a Tierra del Fuego, sin embargo parece que eso es invisible a los ojos.
Todos están señalando actividades productivas serias como son el petróleo, los hidrocarburos convencionales y no convencionales, la minería, demás. Todas las actividades productivas importantes son atacadas.

- ¿Cuál es su análisis sobre el impacto ambiental que provoca éste tipo de desarrollos?

Siguen hablando de la minería de hace 500 años, de la minería colonial, la cual no se hace más. Hoy hay una minería absolutamente moderna, que controla absolutamente todo lo que tiene que ver con los afluentes, con líquidos sólidos, gaseosos, y todo se hace de acuerdo a las técnicas y a las normas del arte minero, y para eso se estudia y se precisan tantos ingenieros químicos, de minas, industriales, ambientales, geólogos y demás que trabajan en ésta actividad, para que las cosas se desarrollen sin generar ningún tipo de contaminación.
Impacto va a haber siempre. Cuando uno hace una casa está generando un impacto, cuando se construye un edificio está generando un impacto, una empresa, una industria, un kiosco, todo genera un impacto, porque cambia las condiciones ambientales del lugar, pero no significa que se vaya a contaminar. Lo que se está mezclando son términos, impacto con contaminación que son dos cosas completamente diferentes, porque a nadie se le ocurre hoy como antes tirar los afluentes crudos al río, como ocurría con las curtiembres en Buenos Aires y por eso tenemos el desastre que tenemos en el propio riachuelo.

- ¿Cuál es su opinión sobre la utilización del agua, lo cual también es planteado por los sectores antimineros con mucha insistencia?

Lo único que puedo decir es que en la Meseta de Chubut hay mil veces más agua que en el norte de Chile, donde está en desierto más seco del mundo, y sin embargo en parte de Chile está la minería más pujante del mundo, donde se han desarrollado los más grandes yacimientos de cobre, de Chuquicamata, de la convida y demás, que han generado decenas de miles de puestos de trabajo y que ha convertido a todo el norte del país, en una de las regiones más prósperas de toda América Latina, junto a Perú, que han tenido un crecimiento espectacular, porque todas las inversiones que podrían haber llegado a nuestro país, ante todas las trabas y los problemas terminan yéndose a los países vecinos.
Si es por agua, hay mil veces más agua en todo lo que es la Meseta de Chubut, que en todo el desierto del norte de Chile, sin embargo el Norte de Chile tiene la minería más grande y pujante del mundo, por lo que no me explico cómo puede ser que habiendo descubierto tantos recursos de agua en Chubut aún se esté discutiendo éste tema.

-¿Qué es lo que puede generar el desarrollo minero en cuestiones económicas?

Todos estos desarrollos siempre se miden en miles y millones de dólares, es decir que estamos hablando de tres mil, cuatro mil millones de dólares que es lo que se invierte para llevar a cabo estos proyectos grandes como los de la Meseta, entonces eso generalmente en las etapas de construcción generan más de 5 mil puestos de trabajo. En Mendoza, con el proyecto de Río Colorado, de potasio, donde había 6 mil personas trabajando y el proyecto era de casi 8 mil millones de dólares y terminaron abandonándolo, y la misma empresa termino construyendo un proyecto semejante en Brasil.
Estamos hablando de una enorme cantidad de puestos de trabajos, que son genuinos, en blanco, con obras sociales, puestos donde se cobran buenos sueldos, donde las obras sociales son de calidad; y el tema fundamental no es solo la cantidad de gente que está afectada, porque por cada empleo directo se crean entre 5 y 6 puestos de trabajo indirecto, pero además de eso, están los proveedores mineros. Cada empresa minera, como se localiza en zonas donde no hay absolutamente nada tiene que llevar todo hasta ahí, y hay empresas que tienen hasta 300 proveedores mineros. En Salta cualquier empresa chica o mediana utiliza alrededor de 400 proveedores minero, asique hay que imaginar lo que significa eso, porque hay que llevar las comunicaciones, el catering, la ropa, y hay que ver lo que es un campamento minero cuando está en funcionamiento, porque cuentan con los mayores estándares de calidad.

-¿Por qué cree que los antimineros aseguran que la minería se lleva todo y no deja nada?

Los sectores antimineros inventan un montón de cuestiones justamente para prohibir la actividad minera, pero además acá se han atacado todas las actividades productivas; los gasoductos en el norte, los desmontes, las papeleras en Uruguay, el reactor nuclear que construyó INVAP para Australia, que no debe olvidarse que fue un lujo para Argentina haber tenido la posibilidad de construirlo. También han atacado a las hidroeléctricas en Misiones, es decir que todo lo que seas productivo y deje riqueza y genere bienestar para el país es atacado sistemáticamente por éste tipo de organizaciones.
Inventaron la versión de que la minería no deja nada, y lo que realmente deben saber es que la minería deja entre un 60 y 70 por ciento de toda la masa impositiva que se mueve alrededor de ella, independientemente de la regalía, porque siempre apuntan a las regalías porque es lo único que en definitiva reciben las provincias. Acá lo que hay que discutir seriamente es el tema de la coparticipación, porque nuestras provincias terminan financiando ese gran monstruo que es Buenos Aires que es donde va todo el dinero, pero después no se coparticipa, y como ello no sucede nunca se ven los beneficios de una actividad.

- ¿Qué opinión le merece el proyecto de iniciativa popular presentado por los antimineros en la Legislatura provincial?

Siempre están buscando crear cuestiones para generar miedo o temor en la población. Pasó en Esquel, cuando finalmente se supo que el Río Amarillo era un simple río que traía sulfuro en forma natural, y sin embargo ya hablaban de que la gente estaba naciendo sin cabeza, sin brazos, que iban a tener que tomar agua mineral por el resto de sus vidas, que no iban a poder respirar el aire. Una cantidad de mentiras que terminan inclinando a que la gente se asuste y vote en contra cualquier proyecto que se quiera desarrollar, ya ha pasado en muchísimas provincias Argentina. Yo no sé exactamente qué es lo que está pasando en Chubut, pero en otras provincias es muy común que busquen que la gente tenga miedo en lugar de informarla científicamente. Cualquier persona que vaya y conozca una mina se va a dar cuenta que es completamente al revés de lo que estaba pensando. Sin ir más lejos, cuando l Secretaria de Medio Ambiente hablaba contra de la minera de cianuro y el ex presidente Néstor Kirchner la mandó a que viera las plantas de Santa Cruz y Cerro Vanguardia, donde se trabaja hace añares con cianuro, y cuando llegó se dio la sorpresa de que no había ningún tipo de problemas, que todo era una cuestión industrial interna a circuito cerrado donde no pasaba absolutamente nada

- ¿Prohibir la minería es postergar el desarrollo?

Estoy absolutamente de acuerdo, porque nuestros vecinos están creciendo y desarrollándose económicamente, nosotros con todos los prejuicios y los problemas seguimos frenados, y las inversiones que deberían estar llegando a nuestro país se están yendo a otro lado, entonces cada vez hay más empobrecimiento por todas las mentiras que se cuentan .En la televisión, cuando salen estos actores famosos, que serán muy buenos actores, pero cuando dicen que porque van a hacer una central térmica con carbón en Río Turbio, que es el único yacimiento de carbón que tenemos en Argentina, se van a derretir los glaciares y la cordillera es una falacia y una estupidez más grande que una casa, porque si pusieran mil plantas térmicas funcionado no se derretiría ni un solo glaciar.

Fuente: El diario de Madryn