El diputado del FPV, Gustavo Reyes, confirmó que el viernes al mediodía el Gobierno envió el decreto 1641 que promulga esta ley sancionada el martes en la Legislatura, a partir de un dictamen que obtuvo una mayoría en la Cámara de 15 a 12 votos. Implicó una serie de modificaciones que los legisladores realizaron a la iniciativa contra la minería que presentó la Unión de Asambleas Ciudadanas. El gobernador Martín Buzzi ratificó su acuerdo como «una salida lógica» al tratamiento dado en la Legislatura a la iniciativa popular de los antimineros, que entró en contradicción con las posiciones a favor de la minería de vecinos de la meseta, sindicatos, empresas, intendentes y jefes comunales del interior.
A partir de ahora, conforme lo establece el artículo 2º de la Ley XVII Nº 127, queda suspendida en toda la provincia cualquier actividad minera metalífera de primera categoría, en tanto que el Ejecutivo deberá promover el debate minero en todo el territorio de Chubut. A su vez, esta ley introduce que todo proyecto de explotación minera metalífera que las empresas quieran desarrollar en una determinada región o localidad, deberá contar con la aprobación de las comunidades a las que se les realizará una consulta popular vinculante, previamente al inicio de la actividad.
De todas maneras, tal como aclaró días atrás el ministro de Gobierno, Javier Touriñán, todavía no hay plazos previstos para realizar la consulta popular, porque el Gobierno implementará este mecanismo una vez que las empresas presenten los respectivos proyectos. Antes de esto -aclararon desde el Gobierno- las empresas deberán tener aprobados los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Vale recordar que en su artículo 1º la ley del debate minero garantiza el cumplimento de todos los principios de sustentabilidad ambiental según marca la Ley Nacional de Ambiente 25.675. También es preciso aclarar que la ley 5001 que prohibe la minería metalífera en la Provincia y el uso de cianuro en los procesos de producción, sige vigente ya que no fue alterada por la promulgación de esta nueva ley.
POLEMICA
La sanción de la ley que introduce la licencia social como condición previa a la explotación de cualquier actividad minera-metalífera en la provincia, despertó el repudio de sectores ambientalistas que se movilizaron en Esquel y en la Legislatura en Rawson. Incluso hubo amenazas contra los diputados de la cordillera que en la Cámara inclinaron la votación del dictamen a favor de la licencia social. Integrantes de la unión de Asambleas Ciudadanas pusieron el grito en el cielo esgrimiendo que había sido modificado el espíritu de la iniciativa presentada con 13 mil firmas, la cual en su texto original prohibía la minería metalífera en la provincia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario