Diputados se unen para prohibir la minería en Neuquén ¿y Mayoral?

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley para prohibir la minería en la provincia de Neuquén. El mismo es presentado bajo la irresponsabilidad de la legisladora del CC ARI, Beatriz Kreitman, y firmado por Raúl Dobrusín, Gabriel Luis Romero, Alfredo Marcote, Manuel José Fuertes, Gabriela Suppicich, Alejandro Vidal y Jesús Escobar.



La iniciativa propone que "se prohíba en todo el territorio de la provincia de Neuquén la actividad minera metalífera en la modalidad denominada a cielo abierto o tajo abierto, y la utilización de cianuro, cianuro de sodio, mercurio,(que no se utiliza ya en mineria) ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ioduro de sodio, bromuro de sodio, xantatos, alquil xantatos, alquil ditiofosfatos, xantoformiatos, detergentes, espumantes químicos, y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o peligrosa".

Para fundamentar el proyecto, destacaron que "la megaminería es una actividad económica absolutamente particular por su alto e impredecible impacto ambiental, brevedad productiva (unas pocas decenas de años), cuantiosa generación de beneficios económicos para exportación y alto consumo de electricidad, agua, combustible fósil y estabilidad ambiental".

"Laboralmente –continuaron- no existe relación entre los beneficios económicos de cada emprendimiento y los puestos de trabajo transitorios que generan".

"Las minas están habitualmente localizadas en cuencas hídricas altamente sensibles, demandan cantidades notables de insumos críticos (como agua subterránea y superficial) y generan cuantiosas cantidades de residuos líquidos y sólidos además de contaminar el aire y los hielos con partículas", añadieron.

Por eso, alertaron que "el total de impactos negativos y sus expansiones pueden afectar por otra parte la salud humana a través de numerosos mecanismos, en su mayor parte desconocidos y sobre sociedades que no fueron evaluadas epidemiológicamente antes del inicio de las actividades".

Y, finalmente, remarcaron que "los estudios de Impacto Ambiental y las actualizaciones que se les realizan son marcadamente incompletos y carecen de veedurías sociales independientes. El Estado, por su parte, no solo carece de infraestructura y personal adecuado para el control de las megamineras, sino que tiende a estar más cerca de las corporaciones que de la sociedad afectada por sus actividades".

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